¿POR QUÉ NO SE VAN?
Escribe: Luis Gonzales Posada
En estos tiempos turbulentos es necesario, por ello, que las autoridades electorales cuenten con credibilidad pública. Ni Salas Arenas ni Piero Corvetto la tienen.
La mayoría de los peruanos demanda el retiro del presidente del JNE, magistrado Salas Arenas, y del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por sus cuestionadas actuaciones en el proceso electoral que favoreció al golpista Pedro Castillo.
Este es, sin duda, uno de los puntos de la agenda política, una aspiración democrática para garantizar la correcta implementación de los comicios del 2026. Ante el empecinamiento de ambos funcionarios por aferrarse a sus cargos, se han presentado cuatro proyectos de ley para que estos sean pasibles de investigación por “todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después que hayan cesado en estos”. También una iniciativa de reforma constitucional (N° 3889-2022) para recortar sus mandatos al 2023. Y, desde luego, existen numerosos pedidos a la Junta Nacional de Justicia para que remueva al representante de la ONPE y a la Sala Plena de la Corte Suprema para que haga lo mismo con el presidente del JNE.
Hay antecedentes nefastos, inolvidables, del comportamiento tracalero del JNE, que abrieron un camino de confrontación, violencia e inestabilidad, afectando largo tiempo la precaria institucionalidad democrática del país.
La tarde del asesinato de Sánchez Cerro –30 de abril de 1933– el Congreso Constituyente designó al general Benavides, jefe de las Fuerzas Armadas, para completar el periodo presidencial que vencía el 8 de diciembre de 1936. Antes de culminar el plazo, Benavides convocó a elecciones para el 11 de octubre de ese año. Haya de la Torre, candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (PAP), y sus listas parlamentarias fueron vetadas, porque el JNE aplicó el infame artículo 33 de la Constitución de 1933, que prohibía la participación de agrupaciones con vinculación internacional.
Ante el veto, los apristas apoyaron al doctor Luis Antonio Eguiguren, prestigiado jurista, expresidente del Congreso Constituyente, que se opuso firmemente a la barbarie del régimen de Sánchez Cerro cuando este ordenó el desafuero y la deportación de 23 parlamentarios y que ingresaran al hemiciclo soldados y policías armados para extraer a legisladores que resistían ser desalojados.
Cuanto antes los reemplacen habremos allanado el camino para que el evento electoral del 2026 sea inobjetable para vencedores o vencidos.
Los comicios de 1936, sin embargo, se realizaron en paz, sin incidentes. Computado 43 % de sufragios, Eguiguren ganaba con amplitud.
En esas circunstancias, el Gobierno ordenó suspender el conteo de votos. Luego, en infame maniobra con el JNE –presidido por el fiscal decano de la Corte Suprema, Ernesto Araujo Álvarez– Benavides logró que el Congreso anule las elecciones, aduciendo que el vencedor había recibido apoyo aprista, patraña registrada en la Ley N° 8459 del 2 de noviembre de 1936.
Diez días después, los mismos legisladores sancionaron la Ley N° 8463, extendiendo el mandato de Benavides hasta el 8 de diciembre de 1939 y autorizándolo gobernar por decretos leyes.
El segundo episodio deplorable lo protagonizó el general Odría, quien derrocó al presidente Bustamante el 27 de octubre de 1948. En busca de legitimarse, convocó a elecciones el 2 de julio de 1950. A pesar de que no podía ser candidato porque se encontraba en ejercicio del cargo, un vasallo JNE –presidido por el magistrado Raúl Pinto Manchego– permitió su ilegal postulación.
Nuevamente Haya de la Torre no pudo candidatear y su único adversario, el general Ernesto Montagne, fue detenido y deportado a la Argentina. De 550 mil ciudadanos hábiles, Odría obtuvo 100 % de votos y el servil JNE entregó las credenciales certificando esa parodia electoral.
En estos tiempos turbulentos es necesario, por ello, que las autoridades electorales cuenten con credibilidad pública. Ni Salas Arenas ni Piero Corvetto la tienen. Cuanto antes los reemplacen habremos allanado el camino para que el evento electoral del 2026 sea inobjetable para vencedores o vencidos. Más aún, pensando en la estabilidad del país, desgarrado por la confrontación y los escándalos, harían bien en retirarse voluntariamente ambos funcionarios.
Foto: Diario La República