La congresista Norma Yarrow (Avanza País) presentó un proyecto de ley para simplificar los procedimientos de cooperación jurídica internacional en materia de extradiciones y el traslado de personas condenadas, como una medida para evitar la impunidad.
Ya no será necesario que sea aprobado por el Consejo de Ministros
Con ese propósito, el proyecto de ley N.° 07411/2024-CR modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo a fin de precisar que será función del presidente de la república conceder la extradición, previo informe de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, modifica el Código Penal para disponer que el Gobierno decide la extradición, pasiva o activa, mediante resolución suprema expedida con refrendo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos y del Ministro de Relaciones Exteriores, previo informe de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas.
De esta manera se omitiría “la participación del Consejo de Ministros en la concesión o no de estos actos”.
Una vez decidida la extradición, “se comunica a la Fiscalía de la Nación y al Estado requirente, mediante vía diplomática, y a la Interpol. En la comunicación al Estado requirente se consignan las condiciones que se hayan establecido al momento de conceder la extradición”.
Plantea también que la demanda ampliatoria de la extradición será aprobada por resolución suprema emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, previa resolución consultiva de la Sala Penal de la Corte Suprema.
La decisión de la entrega de los requeridos vía extradición también es aprobada por el Gobierno, mediante resolución expedida con el refrendo de los ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores, la misma que es puesta en conocimiento de la Fiscalía de la Nación y la Corte Penal Internacional, por la vía diplomática.
En la disposición complementaria final, Yarrow señala que “en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor, el Poder Ejecutivo adecúa las normas reglamentarias y otras disposiciones legales a lo previsto en la presente ley”.
Fundamenta su propuesta en que los procedimientos de cooperación jurídica internacional, en específico, los de extradición, transcurren de forma tan lenta, lo que hace que se cuestione su eficacia.
“Este proyecto tiene como propósito final facilitar la ejecución de estos actos y evitar la impunidad, pues la fase política que actualmente exige la norma para la concesión o no de extradiciones o traslados de personas condenadas, podría acarrear perjuicios a los intereses del Estado”, concluye el proyecto.
