Hemos llegado a un punto en que el anti es más importante que la verdad. Hemos llegado a un punto en que de poco importa la razón.
El linchamiento mediático triunfa sobre el mejor argumento. Así no podemos seguir.
La ley no es retroactiva
Costó mucho pero el ser humano lo entendió hace siglos: nadie puede ser condenado por un delito que, al momento de cometerse, no estaba previsto (ni descrito) en la ley.
El financiamiento ilegal de los partidos políticos sólo rige en el Perú desde el 27 de agosto de 2019 (Ley N° 30997). Ergo, en las campañas electorales anteriores a esa fecha no se pudo haber cometido ese delito porque no existía.
Un par de fiscales y un montón de medios decidieron retornar al medioevo y buscar la forma de penalizar lo que no estaba tipificado. Entonces optaron por el lavado de activos como alternativa, pero de nuevo se estrellaron contra un hecho contundente: la condición indispensable del lavado de activos es el origen ilícito del dinero. Los inútiles fiscales (con la barra brava de los medios implicados) han ofrecido más de mil testigos que dirán lo mismo: el dinero es de fuente lícita. Qué no entienden. Y por qué buscan seguir confundiendo a la población intentando sostener que el dinero recibido en campañas anteriores a 2019 se manejó mediante mecanismos ilícitos. Eso es totalmente probable, pero no acredita el delito fuente, el origen ilícito del dinero. Sin ello no hay lavado de activos.
Ninguna diferencia política justifica penalizar lo que no es delito ni tampoco forzar un delito que no existe porque se cae en su propia base.
Insisto, éste es un tema de ciudadanía no es un coto de caza exclusivo para abogados. La recuperación de la Educación Cívica en la escuela es un asunto de vida o muerte para la democracia en el Perú.
Mientras tanto Odebrecht cargó (y sigue cargando) con todo. ¿Ese fue el verdadero objetivo de Gorriti, Vela y Pérez y una sarta de secuaces y advenedizos?
