REFORMAS Y URGENCIAS PARA FISCALIZAR LA LABOR DE LAS OENEGÉS

En el Perú el principio democrático y republicano que permite al sector privado –es decir, a las empresas– financiar a los partidos políticos tiene límites claramente establecidos, y los aportes son estrictamente fiscalizados por las autoridades del sistema electoral. La limitación a los aportes privados a la vida pública nacional, incluso, fue ratificada por el referendo que convocó Martín Vizcarra con el claro objeto de convertir al Estado en la principal fuente de financiamiento de los partidos políticos.

Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprueba proyecto

La visión estatista acerca de que el Estado debe “igualar” el financiamiento de los partidos políticos contrasta abiertamente con las experiencias republicanas más longevas de la historia moderna: Reino Unido y los Estados Unidos, países en donde no existen restricciones a los aportes privados a los partidos y a la vida pública, siempre y cuando todas las donaciones se desarrollen de manera bancarizada y sean declarados ante la autoridad tributaria.

Mientras las corrientes progresistas apuntaban a restringir los aportes privados a los partidos, el financiamiento de las oenegés que desarrollaban programas, planes y acciones de enorme impacto en las políticas públicas y en la vida política, no tenían el menor control. Las izquierdas, por ejemplo, muy hábiles para captar financiamiento del exterior destinaban fondos a formación y capacitación de sus militantes al margen del control de las autoridades electorales.

Se estima que la cooperación internacional destina alrededor de US$ 400 millones en el país, monto del cual el 60% es ejecutado por las oenegés y el 40% restante por el Estado. Si la actividad de estas oenegés tiene impacto en las políticas públicas y en la propia política, entonces debe existir una mínima fiscalización de la sociedad y el Estado, sobre todo desde que la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó a alertar de transferencias sospechosas a estas entidades. ¿Cómo entonces el Estado y la sociedad se pueden inhibir de fiscalizar el origen de los recursos y la manera como se ejecutan? ¿Cuál es el argumento atendible para plantear una posición en ese sentido?

En este contexto, la Comisión de Relaciones Exteriores ha aprobado un proyecto de ley que permitirá a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fiscalizar los fondos que reciben las oenegés (ONG) y las actividades a las que se destinan estos recursos. Como todos sabemos, las oenegés reciben recursos de países occidentales y asiáticos y, en las últimas décadas, las fuentes de financiamiento de estas entidades se han diversificado significativamente.

Asimismo, en medio del debate en la Comisión de Relaciones Exteriores, se conoció que hasta el 2023 más de 1,700 oenegés no fueron auditadas, 1,870 no informaron sobre la utilización de los recursos y apenas 276 elaboraron reportes voluntarios. En base a estas cifras preocupantes la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo –sobre la acumulación de varios proyectos– procedió a ampliar las facultades de la Agencia de Cooperación Internacional (APCI)

La necesidad de ampliar las facultades de la APCI en el control del financiamiento de las oenegés nace del impacto de las acciones de estas entidades en determinadas áreas públicas de la sociedad. Por ejemplo, en el llamado corredor vial del sur la labor de las oenegés puede convertirse en determinante en la productividad de las empresas mineras. Y se conoce que en el 2022 una empresa minera que podía producir 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) apenas produjo 220,000 TMC en el momento de un superciclo de precios de este metal.

Asimismo, se acaba de conocer una feroz campaña de oenegés de izquierda en contra de las empresas agroexportadoras por supuestamente “no respetar los derechos laborales y sociales de los trabajadores”. Una noticia de este tipo tiene enorme impacto en las agroexportaciones a los mercados de los países desarrollados, motivo por el cual tiene que basarse en hechos y en realidades y, de ninguna manera, en las fábulas y mentiras que suele desarrollar la izquierda para detener las inversiones y el capitalismo en Perú.

Por todas estas consideraciones, se justifica plenamente la creación de la Intendencia Nacional de Control de las ONG, porque tiene que existir una manera de medir el impacto de determinado financiamiento a una oenegé en un sector o en una política pública. De lo contrario, todos los enemigos del Perú o de cualquier sector –religión, minería, agricultura, etcétera– podrían financiar indiscriminadamente a esta oenegés para imponer sus políticas en nuestra sociedad, y el país terminaría disolviéndose.

Una excelente decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

TOMADO DE: EL MONTONERO