REPRIMEN A MONJAS EN NICARAGUA

Por Luis Gonzales Posada.

 

A los dictadores –y cómplices– debemos ponerlos en evidencia en medios de prensa y foros nacionales e internacionales. Callar o ralentizar sus fechorías, ayuda que perpetúen su mandato, que continúen asesinando, encarcelando y torturando opositores, sometiendo políticamente tribunales electorales y de justicia o empleando las fuerzas armadas y policiales como bloques represivos, además de saquear las arcas públicas.

Pero protestar no basta. También debemos exigir que se apliquen sanciones. Entre otras, que las instituciones multilaterales -BID, Banco Mundial, FMI y CAF– nieguen empréstitos a esos regímenes, porque los fondos serán utilizados para afianzarse en el poder, cuando no con fines ilícitos y lo mismo decimos del otorgamiento de créditos blandos o donativos de cooperación que conceden naciones desarrolladas.

La situación se agrava. De acuerdo al último reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 120 periodistas están exiliados y 20 medios de comunicación clausurados, al igual que 1,001 ONGs. Por ello es importante destacar que recientemente ocho ex mandatarios costarricenses reaccionaron firmemente a través de una nota dirigida al actual presidente, Rodrigo Chávez Robles, invitándolo a no aceptar que Nicaragua asuma la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

El trascendental pronunciamiento recuerda que 150 mil nicaragüenses huyeron de su país, que Ortega ha sido denunciado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y –agregamos- también se encuentra implicado en la matanza de 351 manifestantes el 2018. Asimismo, los expresidentes sostienen que Nicaragua “está adquiriendo armamento pesado –tanques, artillería remolcada y lanza cohetes- y ha autorizado recientemente el ingreso de tropas a su territorio, incluyendo algunas de Rusia, misma que ha lanzado un ataque injustificado y feroz sobre el pueblo de Ucrania”.

La barbarie orteguista, sin embargo, no tiene límites, porque se alimenta de la indiferencia de otros estados. Por ello, policías y bandas paramilitares no han vacilado en ingresar a las iglesias, golpear sacerdotes, atacar con bombas molotov la Catedral de Managua y amenazar a sus más altos dignatarios, como al obispo auxiliar, monseñor Silvio Báez, que tuvo que escapar a Estados Unidos para que no lo detengan o maten.

En este degradante ambiente, Ortega exhibe toda perversidad al disolver la Asociación Misioneras de la Caridad, orden religiosa creada en 1988 por la Madre Teresa de Calcuta, que administra un asilo de ancianos y varios centros para albergar adolescentes abandonados. Consideradas “enemigas políticas”, al igual que a todo el clero, las monjas fueron acusadas infamemente de “violar las leyes contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas”, obligándolas a cerrar sus locales y abandonar el país.

Ante el silencio de las Cancillerías y la reprobable inacción de la OEA, organismo débil e inoperativo, hace una semana Ortega se animó a tomar por asalto todas las alcaldías, destituyendo a las autoridades electas para reemplazarlas por monigotes del oficialismo. Sin duda, el dictador seguirá avanzando en copar los pocos espacios libres que existen, apañado por otras satrapías, como Cuba y Venezuela, por potencias extracontinentales -Irán, Rusia y China– y por sus aliados de Argentina, Bolivia y México.

Una batalla contra la tiranía se gana combatiendo, no cruzando los brazos como ahora sucede. Nos preguntamos, por ende, si el gobierno de Castillo se atreverá a protestar o se esconderá en su caparazón para no mortificar al bloque chavista.