SIN REFORMA LABORAL LLEGARÁ UN NUEVO PEDRO CASTILLO
La legislación laboral peruana está orientada a proteger al trabajador de “los abusos y la explotación del empresario”. A diferencia de cualquier país que ha alcanzado el desarrollo y el bienestar de los trabajadores –en los que el empresario, el innovador, es una especie de héroe que crea la riqueza de la sociedad– en nuestra sociedad la empresa es enemiga de los trabajadores y “solo existe para empobrecer a la sociedad”.
Un debate que debe atravesar a la sociedad y a los políticos
De alguna manera todos los principios del derecho laboral nacional buscan que la autoridad judicial repare “la desigualdad en contra del trabajador”, en tanto que el Tribunal Constitucional en el 2001 emitió una sentencia señalando que el trabajador podía preferir la reposición en el puesto de trabajo antes que la indemnización.
¿Qué se puede sostener de la naturaleza del derecho laboral peruano? De alguna manera nuestra legislación participa del principio acerca de que el trabajador es el que crea la riqueza. Un principio que, todos sabemos, es la columna vertebral de todas las tesis marxistas. Como el trabajador produce la riqueza de una sociedad y los medios de producción están en pocas manos privadas, entonces, existe explotación.
Sin embargo, durante los siglos XX y XXI semejante tesis marxista fue confrontada con la realidad: en los países de la ex Unión Soviética se desarrollaron las mayores expropiaciones de la historia de la humanidad, se entregó la propiedad a los trabajadores y esas sociedades se convirtieron en las mayores fábricas de pobreza en la historia de la humanidad. Lo mismo sucede hoy en Cuba, Venezuela y Corea del Norte.
En el Perú la influencia del marxismo en la legislación laboral es la explicación de la estabilidad casi absoluta en los contratos de trabajo, a diferencia de los países desarrollados, en los que predomina la flexibilidad laboral. Y la influencia colectivista en el mundo del trabajo persiste no obstante que el 75% de los trabajadores peruanos está en situación de informalidad, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el Perú si se legisla en función de las tesis marxistas, los partidos y movimientos políticos, ya sean de izquierda o de derecha, no se atreven a avanzar en sentido contrario. Allí está la barbarie jurídica del Gobierno provisional de Sagasti que derogó la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que establecía regímenes promocionales tributario y laboral, y que incrementó las agroexportaciones de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en dos décadas.
El actual Congreso no se atreve a restablecer la plena vigencia de esta norma. Igualmente, allí están los decretos laborales del Gobierno de Castillo, que fomentan la guerra de clases entre trabajadores y empresarios. En el Legislativo no se atreven a derogarlos.
vale preguntarse, ¿cómo puede seguir creciendo la inversión privada si la legislación laboral establece una especie de colectivización de la riqueza de facto a través de la legislación laboral?