Si durante la segunda década del nuevo milenio el Perú seguía creciendo sobre el 6% del PBI, diversas proyecciones económicas indicaban que el país alcanzaría un ingreso per cápita cercano a un país desarrollado. Sin embargo, desde el 2014 el país ingresó a una etapa de bajo crecimiento de alrededor de 3% y, finalmente, el 2021 llegó al poder Pedro Castillo, quien gobernó en contra de la Constitución y promoviendo la nacionalización de los recursos naturales. El resultado: el Perú aumentó la pobreza del 20% de la población a 29%.
Retomar el ciclo de inversiones, crecimiento y reducción de pobreza
Una de las causas de la lentificación del crecimiento, del aumento de pobreza y de lo que empieza a llamarse “una nueva década perdida” para el país es el bloqueo de los proyectos de cobre Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca. Bajo las fábulas y narrativas de “agua sí, oro no” se detuvieron ambos proyectos y, no obstante que habían sido desarrollados bajo el amparo de la Constitución y las leyes nacionales, los mencionados emprendimientos fueron paralizados en base a la violencia.
Luego del fracaso del golpe de Castillo lo natural debería ser que el Perú retome la senda del crecimiento y la inversión. En el caso de la minería sería de absoluto sentido común que los proyectos detenidos que cuentan con todas las autorizaciones y permisos se concreten en el más corto plazo. En este contexto, las declaraciones de Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas de Southern Perú Cooper Corporation –durante el Simposio: XV Encuentro de Minería– acerca de que la etapa de construcción de Tía María podría iniciarse a fines de este año o el primer trimestre del próximo, son extremadamente alentadoras, porque indicarían que el Perú retoma la senda de nuevas inversiones en grandes proyectos mineros.
En cualquier caso, la materialización de los proyectos Tía María y Conga nos revelarían que el Perú supera el bloqueo de inversiones y las tendencias anticapitalistas que se imponen desde una década atrás. En ese sentido, vale anotar que Tía María aportaría S/ 400 millones en impuestos y regalías, fortaleciendo la descentralización y la inclusión en la región de Arequipa y la provincia de Islay, donde se desarrollará el proyecto. Asimismo, vale señalar que en la etapa de construcción el proyecto creará 9,000 empleos, y en la etapa de operaciones de la mina se crearán 700 puestos de trabajo directos y 4,500 indirectos.
Por otro lado, si el Perú consolida su Estado de derecho y el imperio de la ley en las regiones mineras, la descentralización y el crecimiento y reducción de pobreza en las provincias será una realidad incuestionable. Por ejemplo, Jacob señaló que la empresa Southern proyecta invertir US$ 8,500 millones en los próximos años en los proyectos Tía María, en la Ampliación de la Fundición de Ilo, la expansión de Cuajone, los Chankas y Michiquillay. Asimismo, aseveró que en los próximos diez años Southern proyecta producir 520,000 toneladas de cobre. En la actualidad está en 350,000 toneladas. A nuestro entender los políticos de buena voluntad, el Ejecutivo y las bancadas democráticas del Congreso, deberían converger en la férrea decisión de relanzar los proyectos mineros en el país y en enfrentar la violencia de las minorías radicales.