UN ACUERDO NACIONAL PARA RELANZAR EL MODELO

El crecimiento económico y también la llamada revolución capitalista del Perú, en medio del proceso de reducción de pobreza, genera desarrollos desiguales entre los diferentes sectores sociales. Los segmentos más conectados con la formalidad y la globalización crecen a velocidad de crucero, en tanto que los sectores que abandonan la pobreza permanecen –por falta de reformas del Estado– en una situación precaria, con la constante amenaza de retornar a padecer este flagelo social, si el crecimiento económico se ralentiza.

 

La única manera de enfrentar la amenaza antisistema

 

De una u otra manera semejante escenario se ha venido presentando en el Perú. El modelo económico, basado en la desregulación de mercados y la inversión privada, durante las últimas tres décadas ha posibilitado cuadruplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a 20% (antes de la pandemia). Sin embargo, luego del coronavirus y del Gobierno de Pedro Castillo la pobreza ha llegado a representar el 27.5% de la población (más de nueve millones de peruanos).

No obstante que el frenazo económico se volvió superlativo con el Gobierno de Castillo es incuestionable que la lentificación económica era un proceso acumulado por falta de una nueva ola de reformas que reemplazara a los motores y la energía que encendieron las transformaciones de los noventa. ¿A qué nos referimos? Antes del 2014, en promedio, el Perú crecía sobre el 5%, reducía la pobreza entre tres y cuatro puntos anuales y la inversión privada crecía sobre los dos dígitos. Luego del gobierno nacionalista apareció con nitidez la lentificación económica, sobre todo con el bloqueo de los proyectos mineros de Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca.

¿Qué había sucedido? En vez de desarrollar una nueva ola de reformas –en educación, salud, inversiones en infraestructuras, temas tributarios,  laborales y de desregulación– el Estado se convirtió en la principal muralla en contra de la inversión privada. En las últimas décadas el mercado crecía con extraordinaria velocidad, mientras el Estado se burocratizaba. A pesar del contenido desregulador de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú, emergió uno de los estados más burocráticos de la región, en donde el funcionario del ministerio, del gobierno regional o local, se empoderó sobre el marco jurídico constitucional. En este contexto, la inversión privada se batió en retirada con lentitud, y luego de la elección de Castillo con extrema rapidez.

El Gobierno de Perú Libre se puede definir como la culminación de un proceso anticapitalista que comenzó unas décadas atrás. La amenaza al sistema constitucional, a la libertad y a las instituciones, pues, se alimentó principalmente de la movilización anticapitalista en el Estado con el resultado natural de aumento general de pobreza. En este escenario, vale preguntarse,  ¿cuál es el futuro de la democracia, considerando que cuando se reducía la pobreza hubo amenazas antisistema en el 2006, en el 2011 y, finalmente la elección de Castillo?

 

Las derechas, las izquierdas democráticas y todos los sectores institucionalistas deberían sentarse a la mesa

 

Por todas estas consideraciones, algo debemos hacer para detener el deterioro del modelo e intentar un acuerdo, una convergencia, para evitar el derrumbe de la economía. Sin esa voluntad política de los sectores democráticos, las corrientes comunistas y progresistas, con plena claridad ideológica, despedazarán la economía.

Por ejemplo, si bien el sistema privado de pensiones necesita reformas que incrementen su competitividad, aceptar hoy un nuevo retiro de las cuentas individuales –tal como lo propone la demagogia populista– es, simplemente, liquidar el modelo privado y dejar solo en plaza al sistema estatal de reparto, un sistema que solo sirve para que los autócratas se roben las pensiones de los trabajadores.

Las derechas, las izquierdas democráticas y todos los sectores institucionalistas deberían sentarse a la mesa y tentar una convergencia para salvar el modelo y diseñar algunas reformas que relancen el crecimiento antes del 2026. El objetivo parece difícil en medio de las guerras políticas y las polarizaciones que alentó el progresismo en las últimas décadas. Sin embargo, en la posibilidad de esa convergencia se define la continuidad del sistema republicano.

Tomado de: El Montonero