UN SOLO RASERO

Escribe: Elmer Barrio de Mendoza

 

Está claro que hay alarma en la Junta Nacional de Justicia. Está claro que hay preocupación en el gobierno. Pero la principal inquietud viene de los beneficiados por el Equipo Especial Lava Jato desde Odebrecht hasta determinados accionistas del Grupo El Comercio.

¡Ya basta! Es inaceptable el atrevimiento de quienes quieren imponernos, a toda costa, su manera de ver las cosas como si fuera la única posible.

Si alguien dijo que Alan recibió dinero en loncheras y maletines, que le llevó Barata a Palacio de Gobierno, sin que medie una sola prueba de corroboración, es verdad porque “Alan era corrupto”. ¿Son idiotas o nos tratan como a idiotas?

Entonces está bien liberar a quien lo dijo aunque el delator haya tenido cuentas en Andorra abiertas con dinero sucio de Odebrecht.

Susana recibió dinero de Odebrecht y OAS, lo que sí está probado, pero lo hizo “porque la derecha la había arrinconado”. Pobrecita.

A nadie le interesa indagar de dónde sacó el hijo la plata para poner su restaurante en Nueva York, por ejemplo.

Y así podríamos poner ene ejemplos. Lo cierto es que de nuevo estamos ante lo mismo. Pero hay una diferencia. Cada vez quedan menos incautos.

¿Es culpable Patricia Benavides?

Los que creemos en los derechos fundamentales defendemos la inocencia presunta. Es decir: Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y lo aplicamos igual en cualquier caso. Cuando decimos que la culpabilidad de Susana Villarán está acreditada lo hacemos porque ella misma  confesó su delito en directo y por televisión. Lo que está por determinar es el verdadero monto de la coima y si hubo otros cómplices además de ella y José Miguel Castro, que la acompañó en la admisión del delito. “Relevo de prueba” le dicen.

Cuando ése no es el caso se requiere algún nivel de probanza. La “sospecha inicial” no alcanza y a eso ha aludido el juez Chávez Tamariz cuando ha ordenado la detención preliminar de Jaime Villanueva y el allanamiento e incautación en el propio Ministerio Público y en los domicilios de los investigados.

¿Está investigada Patricia Benavides? No lo está y no lo está porque a la Fiscal de la Nación sólo puede investigarla un fiscal supremo y Marita Barreto es fiscal provincial elevada a fiscal superior provisional por la propia Benavides.

Ergo, al no haber investigación contra la Fiscal de la Nación, parecería apresurada cualquier actuación de la Junta Nacional de Justicia. Menos aún la determinación de iniciar PROCESO DISCIPLINARIO INMEDIATO prescindiendo de la fase investigativa porque eso sólo es posible ante evidencias incontrastables según el propio Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta.

La cosa es más seria

La resolución del juez Chávez Tamariz no incorpora la fuente lícita de los chats que el requerimiento fiscal presenta y tampoco acredita su veracidad. Sólo los incluye.

Apenas hay dos posibilidades de que los chats en mención no sean fruto del árbol prohibido, que es como se llama a las evidencias obtenidas con ilicitud. La primera es que hayan sido proporcionadas por un postulante a colaborador eficaz. La segunda es que hayan sido producto de una intervención judicial de las comunicaciones de alguno de los investigados. Ninguna de ambas opciones aparece en la resolución de Chávez. Eso es muy sospechoso.

Si no se tratara de una omisión involuntaria, producto de la prisa o de la incompetencia, la suspicacia dejaría de serlo y el tema devendría inconducta funcional o eventual prevaricato. Fiscal y juez tienen la obligación de confirmar la motivación de sus requerimientos y decisiones. Por eso debo asumir que ha sido una omisión. Delito u omisión involuntaria, igual entra en cuestión la validez de las diligencias desarrolladas.

Todos hemos visto que la incautación del celular de Jaime Villanueva se produjo al momento de la intervención fiscal. Por tanto, la información de sustento no derivó de la pericia de su contenido. Recordemos que la privacidad de las comunicaciones es otro derecho fundamental.

Alguien tiene que aclarar este entuerto. ¿Hubo autorización judicial para intervenir las comunicaciones de los investigados Villanueva, Hurtado y Girao o no? Debemos también asumir que, al no citarse, no existe un postulante a colaborador que haya puesto sus equipos electrónicos a disposición del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder. Y si existiera debió haberse consignado.

La JNJ ¿juez y parte?

La prisa de la JNJ para abrir PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL debe ser también objeto de duda. De hecho no hace mucho mostró indebida parcialidad -o simpatía pública al menos- hacia la ex Fiscal Suprema, Zoraida Ávalos, que ahora se presenta como víctima.

La existencia -sigamos al juez- de “sospecha inicial” ¿es suficiente para abrir un procedimiento disciplinario especial contra una persona que, hasta hoy, NO ES OBJETO DE INVESTIGACIÓN? Aunque se pueda intuir mi respuesta prefiero que sea el lector quién dé la suya.

Los miembros de la JNJ están bajo procedimiento congresal (por temas que también tienen que ver con el Ministerio Público) hace un buen rato y aún no se define la decisión parlamentaria ¿no sería correcto que obraran con prudencia por decir lo menos?

Por otro lado, si bien inoportuna, ¿qué de raro tiene que la Fiscal de la Nación presente ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL ante el Congreso contra Dina Boluarte, Alberto Otárola y otros por HOMICIDIO CALIFICADO en agravio de unas pocas -pero indudables- víctimas derivadas de la actuación represiva no reglamentaria de las fuerzas del orden entre diciembre de 2022 y febrero de 2023? ¿No se reclamaba celeridad, no se gritaba ¡Dina asesina! y otros cánticos afines?

Falta determinar si hubo o no AUTORÍA MEDIATA pero para eso se requiere que el Congreso apruebe la acusación requerida. De allí recién al Ministerio Público y al Poder Judicial.

¿Quiénes están preocupados?

Está claro que hay alarma en la Junta Nacional de Justicia. Está claro que hay preocupación en el gobierno. Pero la principal inquietud viene de los beneficiados por el Equipo Especial Lava Jato desde Odebrecht hasta determinados accionistas del Grupo El Comercio.

Si se allana Polysistemas y se incauta el acervo documentario de Odebrecht levantaremos la alfombra que cubre el piso de bosta que Vela y Pérez han ocultado sistemáticamente a cambio de ningún beneficio para el país. Igual sucederá cuando se conozca plenamente el vergonzoso Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht y sus respectivos clones.

Sabemos suficiente sin embargo: Odebrecht no ha recibido castigo alguno, la reparación civil es diminuta, le regalamos el producto de la venta de Chaglla, le pagamos el mantenimiento de los activos del Gasoducto del Sur mientras en CIADI nos exige pagarle una millonaria indemnización, Zoraida y José Domingo le anularon la deuda tributaria de mil millones de soles y demás. Gran negocio ¿quiénes cobraron la comisión o fue gratis?

Nadie habla de esto y la JNJ ni sueña investigar a la troika Ávalos, Vela y Pérez.

Disclaimer

Nada de esto significa tomar posición a favor de Benavides, he sostenido desde el lunes que debería renunciar pero reconozco que tiene derecho a no hacerlo. Sólo registro hechos creo que indiscutibles.

La todavía Fiscal de la Nación es blanco de un ataque desde múltiples frentes y quizá lo merezca. Lo que no merece es que se viole el debido proceso para sancionarla, afectando su derecho a la defensa y asumiendo lo que no se puede asumir a la luz de los hechos que se conocen hasta hoy.

El lobby en el Congreso no es delito alguno salvo que se compruebe una contraprestación de prebendas imputable a la propia Benavides. Por ahora eso no se ha establecido.

Probablemente estemos ante una guerra quasi mafiosa por el control del Sistema de Justicia en el Perú, pero hay mucho más en juego. El Ministerio Público sólo es el teatro de operaciones que luego quizá se extienda.