Abuso de autoridad. Un total de 1,877 personas todavía están privadas de la libertad en Venezuela por orden del régimen de Nicolás Maduro debido a su participación en las movilizaciones registradas tras los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. DE ellas 19 son extranjeros y 31 tienen doble nacionalidad.
Así lo denunció en las últimas horas la ONG venezolana Foro Penal, que lidera la defensa de las personas que están detenidas por razones de conciencia. Mediante su reporte, la referida organización precisa que de los 19 extranjeros detenidos en Venezuela cuatro son colombianos, tres ecuatorianos, dos españoles, y el resto son de Argentina, Guyana, México, Perú, Ucrania, Uruguay y Estados Unidos.
En tanto que, del total de detenidos con doble nacionalidad, 12 son españoles, nueve italianos, seis colombianos, tres portugueses y un chileno. Además, se informó que de los 1, 877 «presos políticos», se incluyen seis adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años de edad.
Las protestas registradas en Venezuela tras la proclamación de Nicolás Maduro como supuesto ganador de los comicios, sin que se presentarán las pruebas que confirmen su eventual victoria, generó también 28 fallecidos entre los que se encontraban dos militares.
LAS EXCARCELACIONES
Este lunes, el Ministerio Público de Venezuela informó que luego de procesos de revisión con los tribunales penales fueron excarceladas 223 personas detenidas tras las presidenciales del 28 de julio, para un total de 956 liberaciones concedidas tras la solicitud de revisión de estos casos a la Justicia.
A través de un comunicado, la Fiscalía aseguró que los casos judiciales están vinculados a «los graves hechos que pretendían generar una guerra civil» tras las elecciones
El sábado, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirmó que hay serias dudas con la cifra oficial de liberados, porque no es la primera vez que el oficialismo miente al respecto.
«Persiste la política de opacidad gubernamental al no ofrecerse información oportuna, pertinente, verificable de calidad y acceso libre desde las instituciones del Estado», precisaron sus representantes.
