Corresponde exclusivamente al Congreso, la responsabilidad de aplicar el art 114 de la Constitución para declarar la incapacidad moral temporal del gobernante mientras la misión de la OEA la corrupción y la inexistencia del presunto golpismo.
Nuestra vergüenza es internacional cuando El País editorializa sobre la gravísima acusación ante el Congreso de la Fiscal de la Nación contra el presidente del Perú. Y se agudiza cuando Fernando Rincón de la CNN comenta una y otra vez sobre un Perú que ha tomado el camino de la autodestrucción con un gobernante, cuya incapacidad desnudó en su primera entrevista. E indigna el cinismo de quien se proclama víctima de una nueva modalidad de golpe de estado, aquella que lo discrimina por su extracción modesta y usa la justicia para destruirlo.
Pero ninguna frase hecha sirve cuando las pruebas de siete investigaciones preliminares están claras y no hay forma de que, en lugar de discursos falaces, demuestre la inocencia que pregona y no puede probar. Lo que vemos es la creciente desesperación del gobernante que quiere matar al mensajero acallando a PBO, la emisora de pensamiento e información libre de Philip Butters. Y que erróneamente recurre a la OEA y a la Carta Democrática cuyo fin es fortalecer democracias no imposturas. Encabezar una presunta “organización criminal” que tiene delitos y delincuentes a la vista, no es poca cosa.
El gobierno revolucionario de Pedro Castillo es tristemente el de una banda que se aferra al poder amparado en el artículo 117 de la Constitución, convertido en Escudo de Impunidad, para seguir lucrando hasta el 2026. Pero la lucha hace tiempo dejó de ser legal y jurídica para ser política. Corresponde exclusivamente al Congreso, la responsabilidad de aplicar el art 114 de la Constitución para declarar la incapacidad moral temporal del gobernante mientras la misión de la OEA verifica in situ, ojalá con objetividad e imparcialidad, la corrupción y la inexistencia del presunto golpismo. Y que la vacancia continúa su proceso en estricta defensa del Perú.
