El mecanismo permitirá “recolectar, preservar y analizar información y evidencias” sobre esas violaciones “identificando a sus responsables”.
La resolución fue presentada por Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú,
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó ayer jueves (31.03.2022) una resolución que establecerá un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular calificada como un intento de golpe de Estado por el gobierno de Daniel Ortega.
La resolución, aprobada con 20 votos a favor de países miembros, siete en contra y 20 abstenciones, decide la formación de este mecanismo de investigación con el mandato de “recolectar, preservar y analizar información y evidencias” sobre esas posibles violaciones de derechos humanos, “identificando a sus responsables”.
Con un mandato inicial de un año, esta misión tendrá una labor similar a la aprobada en 2019 para Venezuela mediante otra resolución del Consejo de Derechos Humanos, por lo que es el segundo mecanismo de investigación de este tipo para países de Latinoamérica.
La resolución fue presentada por Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, y ha contado con el patrocinio de cerca de medio centenar de gobiernos.
El documento expresa preocupación por “el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua”,donde se ha producido “un aumento de las restricciones al espacio democrático y de la represión a la disidencia”.
Esta represión incluye “actos de intimidación, acoso y vigilancia ilegal o arbitraria de defensores de derechos humanos”, subraya el texto. Lamenta la falta de rendición de cuentas ante estos hechos desde 2018 así como la prohibición de manifestaciones pacíficas y los juicios sin el debido proceso.
El documento reclama a las autoridades nicaragüenses el cese de las detenciones arbitrarias y la intimidación, la liberación inmediata de los detenidos injustamente y la investigación de casos de acoso a líderes políticos, periodistas, activistas y otros críticos con el gobierno de Ortega.
