NAKASAKI: “EXISTEN HASTA 4 REDES DE NEGOCIOS ILÍCITOS EN EL GOBIERNO”

El abogado de los investigados Karelim López y Bruno Pacheco dijo a El Comercio que el gobierno de Pedro Castillo no habría llegado al poder “con un plan preconcebido para delinquir”, pero “aprendieron en el camino”.

el Presidente dijo que iba a aprender a gobernar en el camino (…), yo creo que estas personas han terminado aprendiendo que se puede delinquir

El abogado César Nakasaki en una entrevista para el diario El Comercio publicada ayer, señaló que la defensa legal de Karelim López y Bruno Pacheco, es “la más difícil” de su experiencia profesional, dado que, en este caso, “la hipótesis de investigación vincula a quien ejerce el poder, el Presidente“.

Al respecto, indicó que, tras analizar la información proporcionada por sus defendidos y tras las corroboraciones que se han ido realizando, ha podido entender que en el Gobierno fueron “aprendiendo que se puede delinquir”.

“Así como quienes llegan al Gobierno no estuvieron preparados para gobernar, tampoco vinieron con un plan preconcebido para delinquir (…) Así como el Presidente dijo que iba a aprender a gobernar en el camino (…), yo creo que estas personas han terminado aprendiendo que se puede delinquir”, sostuvo.

los negocios ilícitos se fueron tejiendo en torno a ciertos sectores económicos.  Contaban “con la aprobación y el conocimiento del presidente Castillo”

En ese sentido, Nakazaki afirmó que todo se generó “durante el proceso de convertirse en presidente proclamado”,  cuando el Presidente “iba formando gabinetes, luego propiciando quién debía ser ministro”.

“Hay un núcleo de poder que se forma en la casa de Sarratea; ese grupo nuclear está integrado por familiares, paisanos de Puña y alguna cuota de Perú Libre. Es ahí, con ese grupo (…), donde se toman todo tipo de decisiones legales o ilegales, y luego se formaliza o se oficializa, cuando es necesario, ya sea en Palacio de Gobierno u otra instancia”, explicó.

una primera red de negocios (…) que incluye al alcalde (de Anguía), a la familia de la esposa del Presidente, y que utiliza como testaferros o como empresarios simulados a los hermanos Espino”

Según el abogado, existirían hasta cuatro redes de “negocios ilícitos” formadas en el Gobierno que “se fueron tejiendo en torno a ciertos sectores económicos”. Dichas redes, según Nakazaki, contaban “con la aprobación y el conocimiento del presidente Castillo”.

“Hay una primera red de negocios (…) que incluye al alcalde (de Anguía), a la familia de la esposa del Presidente, y que utiliza como testaferros o como empresarios simulados a los hermanos Espino”, señaló. Como se recuerda, el pasado domingo, el abogado de Hugo Espino reconoció que los hermanos de la primera dama depositaron 90 mi siles a su patrocinado y a su hermana, Anggi Espino.

la segunda red de negocios ilícitos involucra a Gianmarco Castillo y Fray Vásquez,  sobrinos del Presidente, a Zamir Villaverde y al exministro de Transportes, Juan Silva,

Sostuvo que la segunda red de negocios ilícitos involucra a Gianmarco Castillo y Fray Vásquez,  sobrinos del Presidente, a Zamir Villaverde y al exministro de Transportes, Juan Silva, quienes “desarrollaron una serie de actividades desde el MTC para favorecer a empresas chinas y también a aquellas obras que se comprometían con los congresistas a cambio de los votos para ir contra la vacancia” presidencial.

Como se sabe, la Fiscalía viene investigando a 6 parlamentarios de Acción Popular quienes formarían parte de un grupo llamado “Los Niños”  que, según testimonio de Karelim López, “obedecían” las órdenes del jefe de Estado.

César Nakazaki consideró que la tercera red estaría desplegada en el sector Vivienda y, la cuarta, vinculada a la designación de Hugo Chávez en Petro-Perú por pedido de los propietarios de la Clínica La Luz. Además, consideró que estas redes no forman una “organización criminal estructurada y monolítica” donde coinciden todos los involucrados; pero que hay personajes transversales en ellas como Gianmarco Castillo y Fray Vásquez.

esa “protección constitucional” tiene como fin la realización de funciones públicas, mas no “negocios particulares”.

Por otro lado, el abogado cuestionó el argumento de la defensa legal del Presidente respcto a la inmunidad presidencial. Según Nakazaki, esa “protección constitucional” tiene como fin la realización de funciones públicas, mas no “negocios particulares”.

Por lo tanto, Nakazaki sostuvo que la Fiscal de la Nación “está en condiciones no solo de investigar preliminarmente” al mandatario, sino también de someterlo a “proceso penal sin necesidad de autorización del Congreso”.

“Si va a quedarse en denuncia constitucional, siempre será el Congreso el que decida. Si se acoge esta otra posición, en que los casos ya no están protegidos por la inmunidad, la fiscal tiene la carrera libre“, explicó.