LA ALIMAÑA CONSENTIDA
Por Luis Gonzales Posada
(*)Alimaña política: persona cruel, perversa, peligrosa, malvada)
No tengo la menor duda que Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, es una alimaña política, un sujeto vil y despreciable que comete toda clase de tropelías desde el pináculo de la jefatura del estado. Lo hace porque conoce que no habrá resistencia externa y, por el contrario, que continuará manteniendo relaciones diplomáticas óptimas, de primer nivel, con todos los gobiernos del mundo, con organismos internacionales y entidades crediticias, que seguirán facilitando cuantiosas líneas de crédito.
Sabe, entonces, que tiene el camino libre para matar, torturar y encarcelar. Goza, así, de una suerte de licencia internacional para delinquir, protegido por los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela, Irán y Rusia, además del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla; es decir, por la amalgama de agrupaciones políticas de izquierda que forman parte del Socialismo del Siglo XXl.
La impunidad no sólo está garantizada, sino recompensada, a pesar que Ortega ha violado todos los artículos sobre derechos humanos contenidos en las cartas de la ONU, la OEA y pactos supranacionales, convirtiendo esos documentos en papeles mojados en tinta.
La Iglesia católica, sin embargo, no fue doblegada y a partir del 2018 la furia del régimen fue mayor cuando la Conferencia Episcopal de Nicaragua demandó a Ortega que repliegue los grupos paramilitares y autorice el ingreso de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, para proteger a una población perseguida por oponerse a la reforma al sistema de seguridad social.
En esa ocasión, los templos, se convirtieron en refugio, en casas de salvación para centenares de nicaragüenses. La respuesta de Ortega, sin embargo, fue palo y bala. Según reportes internacionales 400 personas resultaron asesinadas, centenares detenidas y 88 mil huyeron a Costa Rica, cifra que hoy se eleva a 140 mil.
El encono fue mayor después que Ortega se hiciera reelegir ilegalmente el 2021, previo encarcelamiento de los otros candidatos y de centenares de opositores, incluyendo líderes históricos del Frente Sandinista.
Conseguido su objetivo, se lanzó contra la Iglesia con mayor vigor. Clausuró todas las emisoras de radio católicas, allanó locales para requisar equipos de transmisión, deportó a las monjas de la fundación Misioneras de la Caridad “Santa Madre Teresa de Calcuta”, bloqueó el ingreso y salida de algunos templos y arrestó sacerdotes, el último de ellos el presbítero Oscar Benavidez de la parroquia del Espíritu Santo del municipio de Mulukukú.
En marzo de este año expulsaron al Nuncio Apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, pero meses antes, en noviembre del 2021, promulgaron un decreto anulando su estatus de decano del Cuerpo Diplomático.
Ante la barbarie, el totalitarismo extremista avanza. Se han cerrado medios de prensa independientes y cerca de mil ONG. Frente a esos hechos, el Papa Francisco y las timoratas (o cómplices) cancillerías de la región guardan sepulcral silencio, pero no así el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) que ha repudiado la infamia del orteguismo como también han hecho 25 ex presidentes del hemisferio y España en una declaración pública, exigiendo al Sumo Pontífice denunciar la persecución a la Iglesia.
Después de observar este cuadro patético debemos preguntar para qué sirven los acuerdos suscritos por la comunidad internacional en materia de derechos humanos si en la práctica los tiranos hacen escarnio de sus principios, no solo en la patria de Sandino y Ruben Dario, sino también en Cuba, Bolivia y Venezuela.