“ES INACEPTALE E ILEGAL QUE PERÚ SE SOLIDARICE CON LA JEFA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL”
El ex canciller Luis Gonzales Posada calificó como una inaceptable e ilegal interferencia en asuntos internos de la Argentina, el twitter publicado por el mandatario Pedro Castillo solidarizándose con la vice presidente de ese país, Cristina Kirchner, a quien los fiscales acusan de ser “jefe de una organización criminal y por ello han solicitado 12 años de cárcel y su inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida”.
Castillo buscaría que también lo blinden de las numerosas Imputaciones por corrupción que le viene haciendo el Ministerio Público.
En esa línea, el ex representante de la diplomacia demandó que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso cite al canciller Miguel Rodríguez Mackey para que responda si la Cancillería está de acuerdo o no con esa declaración.
Gonzáles Posada agregó, asimismo, que “es deplorable que Castillo se sume al grupo de mandatarios de izquierda para blindar a una política corrupta”; a tiempo de señalar que “ese hecho constituye una flagrante violación del principio de no intervención en asuntos internos de otro Estado, principio consagrado por la OEA, Naciones Unidas y todos los pactos internacionales suscritos por el Perú”.
El también ex presidente del Poder Legislativo puntualizo que con esa declaración Castillo buscaría que también lo blinden de las numerosas Imputaciones por corrupción que le viene haciendo el Ministerio Público.
Según la fiscalía argentina se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país
El fiscal que investiga un sistema de corrupción relacionado con obras públicas en Argentina pidió el lunes una pena de 12 años para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernaba el país al momento de los hechos.
El fiscal federal Diego Luciani dijo que la líder peronista -acusada junto a otros exfuncionarios- cometió los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de liderar una asociación ilícita para desviar fondos públicos durante sus presidencias, entre 2007 y 2015.
“Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, señaló el fiscal durante su alegato, transmitido en vivo por internet.
El fiscal federal Diego Luciani aseguró que la expresidenta cometió los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y lideró una asociación ilícita para desviar fondos públicos durante sus presidencias, entre 2007 y 2015.
El Ministerio Público argentino informó que “tiene por acreditado” que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado “una asociación ilícita de características singulares” y de forma “piramidal”.
Los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita le solicitaron al juez Julián Ercolini el embargo de más de 180 bienes de propiedad de la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner; al exministro de Planificación, Julio De Vido, y al resto de los procesados en la causa que investiga las irregularidades y el direccionamiento en la obra pública.
Dicho pedido fiscal señala que, “a fin de cumplir las obligaciones internacionales que asumió el país en materia de delitos vinculados a criminalidad compleja con aprobación judicial, se determinó la afectación de 145 inmuebles, 42 autos, dos embarcaciones y 18 productos bancarios, así como 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades, entre otros” La mayoría pertenece a Lázaro Báez, que totaliza 81 inmuebles y cuatro vehículos, entre otros bienes.
El Ministerio Público argentino informó que “tiene por acreditado” que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado “una asociación ilícita de características singulares” y de forma “piramidal”.
Fiscalía le incautó 145 inmuebles, 42 autos y 2 embarcaciones
Entre los bienes existen tanto cuentas bancarias como decenas de vehículos y cajas de seguridad. Además, se incluyen bienes que la expresidenta les cedió de manera gratuita a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, como acciones en distintas sociedades, 25 propiedades, una camioneta Honda CRV y el dinero depositado en las cajas de seguridad (US$ 5.696.144 y $ 53.280).
Cabe recordar que el juez Ercolini ya había embargado los bienes de los imputados al momento de procesarlos. Primero ordenó un embargo de hasta 10.000′000.000 de pesos argentinos y luego sumó otro por 2.500′000.000 de pesos argentinos cuando amplió el listado de procesados.
No obstante, la medida hasta ahora se hace efectiva, ya que quedaron identificados todos los bienes y, además, se comunica a los registros oficiales.