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COMISIÓN PERMANENTE APRUEBA ACUSACIONES CONTRA LUCIANA LEÓN Y YESENIA PONCE

La Comisión Permanente del Congreso dio luz verde hoy a las acusaciones constitucionales formuladas- en su oportunidad- contra las excongresistas Luciana León y Yesenia Ponce Villarreal por la comisión de varios presuntos delitos. Ahora corresponderá al pleno del Congreso debatir y someter a votación ambas denuncias.

En el caso de la exparlamentaria Luciana León, ella enfrenta una investigación por los supuestos delitos de de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación.

El informe final de la acusación concluye en que León habría incurrido en un supuesto tráfico de influencias al haber gestionado en favor de la Municipalidad de La Victoria el financiamiento de obras públicas entre los años 2017 y 2018, ante el Ministerio de Economía y Finanzas y Vivienda y Construcción.

Entre las obras referidas se encuentran el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana, mejoramiento de pistas y veredas en la urbanización Balconcillo en el Rímac. Se indica que dichos proyectos se habrían redireccionado para su ejecución a consorcios o empresa vinculadas al empresario Alexander Peña Quispe, presunto líder de la organización criminal denominada “Los Intocables ediles de La Victoria”.

De igual manera se le atribuye haber recibido sumas de dinero a cambio de sus gestiones, por parte de Peña Quispe y de Elías Cuba Bautista, entonces alcalde de La Victoria, además un supuesto recorte del sueldo a los trabajadores de su despacho y la presunta contratación de empleados fantasma.

CASO YESENIA PONCE

La Comisión Permanente también aprobó por unanimidad la acusación constitucional contra la excongresista Yesenia Ponce Villarreal De Vargas, por presunta infracción al artículo 38 de la Carta Magna y por la posible comisión de los delitos de cohecho activo genérico, falsificación de documentos y falsedad genérica. En su caso, el informe final pertinente recomienda inhabilitarla por diez años en el ejercicio de la función pública.

La congresista Lady Camones Soriano (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, recordó que el origen de la denuncia es el informe de la Comisión de Ética que concluyó que la exparlamentaria adjuntó documentos falsificados en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Especial Electoral de Huaraz.

Ello con el objetivo- se indica- de acreditar sus estudios escolares de cuarto y quinto grado de secundaria. Estos certificados habrían sido obtenidos luego de pagar S/ 10, 000 a Daniel Soto Rivera, director del colegio Marcial Toribio de Luzuriaga, en Puente Piedra.

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