El contralor Nelson Shack sostuvo que los gobiernos regionales y locales cuentan con S/ 736 millones para destinarlo en obras y servicios a favor de las personas con discapacidad en el país, sin embargo, en el primer trimestre del 2023 solo han ejecutado el 0.8%.
De acuerdo al censo del 2017, existen más de 3 millones 209 mil peruanas y peruanos con discapacidad, es decir, el 10.3% de la población.
“El Presupuesto Institucional de Apertura del 2023, ascendió a S/ 214 790 millones, de este total, los gobiernos regionales gastarán S/ 43 870 millones y los gobiernos locales S/ 29 mil 797 millones, en suma, el 1% de todos esos montos deben destinarlo en beneficio de las personas con discapacidad a nivel regional y local, es decir, más de S/ 736 millones, sin embargo, en el primer trimestre solo gastaron el 0.8% de la meta anual”, indicó.
De acuerdo al censo del 2017, existen más de 3 millones 209 mil peruanas y peruanos con discapacidad, es decir, el 10.3% de la población.
Refirió que Ley 29973 establece que las entidades públicas están obligadas a contratar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal.
Además, la Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, establece que los gobiernos regionales y locales deben utilizar el 0,5% de su presupuesto en la ejecución de obras, reparación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura al servicio de todos los ciudadanos.
Se establece como prioridad destinar ese gasto en personas que se encuentren en situación de discapacidad, y el 0,5% adicional para financiar gastos operativos, planes, programas y servicios; en suma, el 1% del total de su presupuesto.
Al respecto, el contralor sostuvo que, cruzando la información de Conadis, y aquella proveniente del Aplicativo Informático de los Recursos Humanos del Sector Público, se observa que sólo 38 665 personas con discapacidad trabajan actualmente en el Estado, que representa menos del 1.6 % del total que trabajan en el aparato estatal.
“Se requieren mayores incentivos, controles y sanciones para que la ejecución de recursos y disposición de servicios públicos de calidad, en beneficio de nuestros compatriotas con discapacidad, se haga realidad”, afirmó.
Shack Yalta manifestó que las leyes una vez aprobadas deben cumplirse. “Eso es parte de la esencia de un Estado constitucional. Para ello, las leyes tienen que ser pertinentes y factibles de ser cumplidas, y esto implica que el Poder Legislativo y el Ejecutivo hagan un análisis exhaustivo de la viabilidad técnica, factibilidad económica, equidad social, conveniencia política y sostenibilidad intertemporal de las normas que legalizarán las políticas públicas”.
“Hay mucho por hacer para lograr una verdadera sociedad inclusiva para este 10% de la población peruana, con quien seguimos en deuda”, anotó.
