EL DERECHO A LA PROTESTA

Escribe: María del Pilar Tello

 

ante toda violencia el estado debe garantizar la seguridad y mantener el orden público para lo cual el uso de la fuerza debe ser excepcional y no letal. Las protestas cuestan y dañan al país, si son pacíficas son legítimas, si son violentas no lo son. Toca al Estado defender la vida

 

Nuevamente amenazan las protestas. Se busca replicar las que tuvimos en los primeros meses del año que hubieran podido ser legítimas, pero no lo fueron, por el contrario fueron violentas y destructivas. El conocido abogado Humberto Abanto resume posiciones en un lúcido y muy claro artículo sobre Manifestaciones violentas, uso de la fuerza y violación de Derechos Humanos. Lo más importante son sus precisiones sobre el uso de la fuerza tanto por líderes radicales para la protesta como por las fuerzas del orden para reprimirla.

Hemos visto esta dinámica tóxica para el país manipulada por los medios y por ciertos organismos de derechos humanos para difundir la narrativa de una situación antidemocrática activada por un gobierno espurio. No es así. pero la desinformación organizada puede afectarnos severamente. Y ahora se aprestan a repetir sus hazañas que paralizaron carreteras, obstruyeron la producción, generaron una crisis económica con miles de millones en pérdidas, dejaron mucha gente en la pobreza por inactividad, además de desalentar la inversión.

La legislación internacional sobre derechos humanos y la Constitución peruana reconocen la libertad de reunión pacífica y sin armas que alienta la participación ciudadana, aunque no expresamente el derecho a la protesta social. Como bien señala Abanto, el recurso a la violencia generalizada torna ilegal la protesta, aún iniciada pacíficamente.

No están protegidos los discursos favorables a la guerra y al odio racial o religioso. Y ante toda violencia el estado debe garantizar la seguridad y mantener el orden público para lo cual el uso de la fuerza debe ser excepcional y no letal. Las protestas cuestan y dañan al país, si son pacíficas son legítimas si son violentas no lo son. Toca al Estado defender la vida y no abusar de la fuerza, pero también impedir que abusen de ella.