CARTA A LA CANCILLER GERVASI DE LUIS GONZALES POSADA
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Luis Gonzales Posada
Hace 4 meses la canciller Ana Cecilia Gervasi tuvo la cortesía de invitarme a su despacho para abordar temas de política internacional. En esa reunión recordé que el 18 de mayo del 2018 comenzó una larga pesadilla para el capitán de navío de la Armada venezolana, Luis de la Sotta Quiroga, segundo comandante en la Bahía Turiamo, estado Aragua, peruano de nacimiento y de padres también peruanos.
Torre Tagle no sólo debe defender los intereses permanentes del Estado sino principios vinculados a la vida, la libertad y los derechos humanos, especialmente de aquellas personas, civiles y militares, que se encuentran protegidas por su nacionalidad, como el marino secuestrado por el régimen dictadorial de Maduro .
Ese día ocho sujetos fuertemente armados ingresaron a su oficina, sin orden judicial, sacándolo esposado, para trasladarlo a un lúgubre sótano de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, donde lo depositaron en un cuarto sin luz, ventilación ni servicios higiénicos.
Según el dramático relato de su hermana Molly, el oficial llegó con las muñecas desgarradas por presión de los grilletes, agregando que “lo tiraron al piso y golpearon con palos. Cuatro hombres lo torturaron para que hablara del supuesto complot. Le colocaron una capucha, metieron gas lacrimógeno y practicaron asfixia mecánica con bolsas plásticas”.
Más adelante dice que “estuvo 32 días sin salir de ahí, sin ver la luz, ni hablar con nadie. Le aplicaron tortura física y psicológica, diciéndole que iban hacer algo a la familia”.
En otro momento recordó que “dormía y comía en el piso, como un animal, porque los alimentos los lanzaban al suelo, donde también hacía sus necesidades fisiológicas “.
No son extraños estos abominables tormentos que practica la dictadura venezolana.
En efecto, un reciente informe de los fiscales de la Corte Penal Internacional registra 8900 casos similares que incluyen “violaciones sexuales y hasta un perro rottweiler amaestrado por los agentes para morder en zonas íntimas. A una víctima lo amarraron de pies y manos, lo ataron a un carro del Servicio Bolivariano de Inteligencia y arrastraron más de un kilómetro por las calles hasta llevarlo a un centro de reclusión donde fue torturado 24 días”.
El informe agrega que los martirios eran “literalmente macabros: arrancaban las uñas de las manos y pies con tenazas; lo asfixiaron cubriéndole la cabeza con bolsas de plástico que contenían insecticidas, lo que dañó gravemente sus pulmones; le golpearon todo el cuerpo con toallas mojadas; lo hacían bañar a todas horas en orines y excrementos” (resumen publicado por el diario El Mundo de España 23/4/2023)
El calvario del oficial de la Sotta continúa más de cinco años, sin proceso judicial ni atención de los diplomáticos peruanos acreditados en Venezuela, a pesar de las súplicas de su anciana madre, de su esposa y familiares que solicitan gestionar que lo trasladen a un hospital.
En ese contexto, recordemos que el militar cautivo ha estado varias veces en peligro de muerte porque, según los reportes médicos, “sufre de diarrea crónica, que apareció luego de sufrir de COVID-19. Cuando se estresa produce triglicéridos, por lo que es necesario que un cardiólogo lo revise y haga una evaluación de su tensión. Necesita también un nefrólogo porque tiene insuficiencia renal crónica grado 1”.
Un parte oficial de la Dirección de Ciencias Forenses de Caracas, fechado el 27 de diciembre del año pasado, diagnosticó que padece de “hipertensión arterial; hipertrigliceridemia familiar; litiasis renal concurrente; hiperuricemia; insuficiencia renal crónica grado 1 y hematuria periférica”.
El mismo documento recomienda que “debe encontrarse en un sitio libre de estrés y hacinamiento para evitar la dependencia del tratamiento farmacológico dado el insomnio crónico y dependencia a sedantes e hipnóticos”, así como “un tratamiento médico estricto para evitar complicaciones como infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares y agravamiento de la insuficiencia renal crónica”.
A pesar de la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Res.75/2018.Medida cautelar 862-18) y que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU ha solicitado su libertad (A/HRC/WGAD/2021/49), De la Sotta sufre más de cinco años de infamante carcelería sin ser procesado judicialmente, contrario a lo dispuesto por el propio Código Penal Venezolano que dice que una detención preventiva no puede exceder los dos años.
Esta situación ha sido advertida por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y por el ex Defensor del Pueblo y actual embajador del Perú en España, Walter Gutiérrez, y desde enero de este año la Primera Fiscalía Penal Supranacional especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre las torturas a nuestro compatriota.
El gobierno de Venezuela sostiene que De la Sotta no es peruano y la Cancillería no reacciona ante ese brulote, soslayando que el artículo 52 de la Constitución dice que “son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente, de acuerdo a ley”.
Ese es el caso del marino secuestrado, que cuenta con la partida de nacimiento 70695414 debidamente registrada en nuestro consulado de Caracas.
La familia de De la Sotta continúa haciendo llegar conmovedoras cartas a la ministra Ana Cecilia Gervasi para que la Cancillería intervenga al más alto nivel político y diplomático y así evitar que se produzca una tragedia.