JNJ: EL QUE SE PICA PIERDE
Ante la demanda competencial presentada por el Ministerio Público, encabezado por la Fiscal de la Nación, quien cuenta con la autorización de la Junta de Fiscales Supremos, ante el Tribunal Constitucional para dirimir los conflictos de competencia suscitados por el sospechoso proceder de la JNJ, conforme lo permite expresamente la Constitución, la JNJ apresuradamente, en un comunicado de prensa, ha “contestado” la demanda competencial, señalando que en su concepto, dicha demanda carece de sustento y fundamento, anunciando urbi et orbi una verdad de Perogrullo, esto es, que procederá a “defender sus fueros ante el Tribunal Constitucional, en la certeza que cumple a cabalidad el rol que le asigna la Constitución y que la ciudadanía espera de ella”. No hay que ser un depurado jurista para afirmar tamaña obvia vaguedad.
No es la primera vez que la JNJ lanza sendos comunicados. También en el pasado, en forma inédita, lanzó un “comunicado” contra el Congreso de la República en el curso del juicio político que la ex Fiscal Zoraida Avalos afrontaba en el Pleno del Congreso, parcializándose ostensiblemente con ella. Nadie le hizo caso.
El tema no sería de mayor importancia, si no fuera por el detalle que las demandas constitucionales no se “contestan” con comunicados públicos, sino en forma ante la autoridad que corresponda, luego de que la misma haya sido debidamente admitida y puesta en conocimiento oficial del demandado.
No se entiende por qué, entonces, la JNJ se apresura y se pica, por el mero ejercicio legítimo del derecho del Ministerio Público de dirimir sus diferencias ante Tribunal Constitucional. Precisamente para eso está designado en la Constitución. Finalmente, gracias a la Constitución, no será la JNJ la que resuelva este acaso, sino el Pleno, pero del Tribunal Constitucional. Y a ello se tendrán que sujetarse todos.
No es la primera vez que la JNJ lanza sendos comunicados. También en el pasado, en forma inédita, lanzó un “comunicado” contra el Congreso de la República en el curso del juicio político que la ex Fiscal Zoraida Avalos afrontaba en el Pleno del Congreso, parcializándose ostensiblemente con ella. Nadie le hizo caso.
Pero lo que llama más la atención, además del profundo desconocimiento constitucional que revela este “comunicado”, es la comparación agraviosa que utiliza en su argumentación. Para supuestamente “defender sus fueros” no duda en comparar el periodo de la actual Fiscal de la Nación Patricia Benavides, entre junio de 2022 y la fecha, con el periodo del 2018 de los cuellos blancos y el ex CNM. Las cartas están echadas y ciertamente algunos de los conspicuos integrantes de la JNJ se la tienen jurada a la actual Fiscal de la Nación. Pero, ¿Qué es lo que no le perdonan?
Pues todo parecería indicar que al margen de su eficiencia y dinamismo en la lucha contra la corrupción en el efímero gobierno de Pedro Castillo que terminó como terminó, no le perdonan el no ser “caviar” y su empeño y eficiencia en las investigaciones que lidera contra el ex presidente Vizcarra y su entorno. Eso explicaría, en parte, su predilección de la JNJ por la ex Fiscal Zoraida Avalos.
Pero, mejor, juzgue usted mismo este “valiente” malhadado y “comunicado”:
“JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
JNJ defiende competencia constitucional de control disciplinario
Habiendo anunciado el Ministerio Público la presentación ante el Tribunal Constitucional de una demanda competencial contra la Junta Nacional de Justicia, mediante la cual se busca sustraer a la fiscal de la Nación de dos investigaciones preliminares a cargo de este órgano constitucional autónomo, la JNJ considera necesario señalar lo siguiente:
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En la demanda se afirma que las referidas investigaciones interfieren en los “actos de gobierno” de la fiscal de la Nación. Busca, en consecuencia, limitar la competencia disciplinaria de la JNJ, para que no pueda investigar infracciones producidas en el marco de actos de gestión o administración interna, como nombramientos, remociones de personal u otras análogas.
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La JNJ es respetuosa de la autonomía del Ministerio Público, no interfiere en los actos de gobierno de la fiscal de la Nación y no afecta ninguna de sus competencias de orden administrativo o de cualquier otro orden. No obstante, sí investiga presuntas infracciones disciplinarias de todos los jueces y fiscales del país, las mismas que pueden producirse en ámbitos diversos, como el propio de la gestión administrativa. Ello ocurre en aplicación estricta de las respectivas leyes de carrera judicial y fiscal, que tipifican el conjunto de infracciones en las que pueden incurrir los magistrados.
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La pretensión contenida en la demanda traería consigo, al margen de las investigaciones que atañen a la fiscal de la Nación, el riesgo de creación de un espacio de impunidad frente al control disciplinario de la JNJ. Muchos de los ilegales intercambios de favores de los que el país ha sido espectador a partir de la develación en 2018 de graves inconductas de algunos magistrados, no habrían sido investigados y sancionados por la JNJ, bajo una interpretación como la que se pretende en la demanda, al estar referidos, precisamente, a designaciones de magistrados provisionales y movimientos de personal, que afectaron gravemente el interés público y la dignidad de la magistratura.
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La JNJ, respetuosa del ordenamiento jurídico, defenderá sus fueros ante el Tribunal Constitucional, en la certeza que cumple a cabalidad el rol que le asigna la Constitución y que la ciudadanía espera de ella.