rechacemos con ímpetu y la razón las imposiciones aberrantes redactadas por ignaros.
En el pedido de facultades legislativas del Gobierno, se ha incluido una modificatoria al Código Penal que pretende a criminalizar la libertad de expresión.
Basta tener mínima comprensión lectora para analizar el punto 3.1.2. inciso C del referido proyecto de marras que pide facultades para legislar en materia de Seguridad Ciudadana, que fue entregado al presidente del Congreso, por la presidente Dina Boluarte, el 28 de julio pasado.
Literalmente el punto 3.1.2. titulado “Prevención y atención de emergencias y urgencias; y garantía, mantenimiento y restablecimiento del orden”, propone modificar decretos legislativos, el Código Penal y otros marcos normativos referidos a entidades ligadas al referido rubro.
En el inciso C, el proyecto solicita modificar el Código Penal en “materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública”. En ese sentido, el texto dice: “Sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que, en el marco de las protestas, se han perpetrado (…) los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos; ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia”.
El proyecto remarca que “disuadir a los autores y partícipes de involucrarse en estos hechos, redundará en favor de la reducción de estos, lo que a su vez incidirá en la reducción de confrontaciones violentas que afectan la gobernabilidad local, regional y nacional” (?).
Los genios de los asesores palaciegos parece que desconocen la Constitución Política del Perú (Artículo 2do. “Toda persona tiene derecho:”, literal 4 “A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 19 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, la Declaración de Chapultepec (Punto 10 “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público) y demás normas supranacionales sobre libertad de prensa, ya que tal imbecilidad es un atentado contra la libertad de expresión.
En términos sencillos se propone una severa medida que atenta contra la libertad de expresión y contra los periodistas o como señalan “comunicadores”, sería pertinente que la absurda propuesta sea rechazada de cuajo por parte del Poder Legislativo.
Esto atenta no solo contra la libertad de expresión de los ciudadanos que libremente deseen convocar o informar a través de medios de comunicación su participación en una manifestación, un derecho humano reconocido internacionalmente. La modificatoria también atenta contra la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación social, tienen el deber y obligación primigenio de informar.
La aberrada propuesta del Gobierno pretende que se procese arbitrariamente, bajo la figura de instigadores de disturbios, léase periodistas que informen o compartan información sobre protestas, las cuales están amparadas constitucionalmente.
Lo que se pretende es criminalizar el ejercicio de un derecho constitucional de informar.
Esta gente indocta del Poder Ejecutivo redactó el proyecto mencionando que “utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”, por lo que se entiende que se imputa a los periodistas directamente los actos de violencia que en términos franciscanos impondría restricciones informativas y afectaría el derecho inherente a la información.
Defendamos pues una prensa libre cimentada en la ética y rechacemos con ímpetu y la razón las imposiciones aberrantes redactadas por ignaros.
