CRÍMEN ECONÓMICO SIN PERDÓN: ¡DEROGATORIA DE LA LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA!
(El Montonero).- Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, acaba de señalar que el primer semestre de este año es el peor para la agricultura desde 1997. En este periodo las agroexportaciones han caído en alrededor de 3%. Si bien es cierto, la tendencia negativa se explica por los fenómenos climáticos, es incuestionable que desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) no existen nuevas inversiones en el sector.
La mayoría democrática del Congreso, que detuvo el golpe de Pedro Castillo y archivó el proyecto de una asamblea constituyente, debería restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria.
Durante el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción también provisional del Congreso de Mirtha Vásquez, luego de que algunas decenas de activistas bloquearan la Panamericana Sur, se derogó la mencionada Ley 27360, sin lugar a dudas, una de las mejores leyes económica de nuestra historia republicana, porque multiplicó las inversiones y la reducción de pobreza en el agro.
Bajo la vigencia de esa norma, las agroexportaciones crecieron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en la actualidad, se crearon más de un millón de empleos formales, entre directos e indirectos, y se convocaron más de US$ 20,000 millones de inversiones, mientras las nuevas empresas no cesaban de reinvertir sus utilidades. La pobreza en las regiones agroexportadoras cayó por debajo de la media nacional; y en el caso de Ica, una región agroexportadora por excelencia, la pobreza descendió debajo del 6% de la población regional, en tanto que a nivel nacional este flagelo social supera el 27.5% de la ciudadanía.
¿Por qué entonces se derogó una ley de tanta trascendencia para el país? Es evidente que las corrientes comunistas y progresistas, conscientes de que los mayores bolsones de pobreza están en el agro, contemplaron abismados cómo la inversión privada en agroexportaciones multiplicaba las oportunidades económicas y arrinconaba la pobreza, luego del experimento colectivista del velasquismo. El objetivo entonces era demoler el régimen tributario promocional y el sistema de flexibilidad laboral de los contratos agrarios.
Vale señalar que el milagro agroexportador del país se desarrollaba en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura; es decir, alrededor de 250,000 hectáreas, mientras que el 95% de los predios restantes era conducido por más de dos millones de minifundistas, cada uno con menos de cinco hectáreas. Considerando que los regímenes promocionales eran para todos los agricultores, ¿cómo así los minifundistas que desarrollan agricultura de sobrevivencia pueden siquiera plantearse la formalización de sus economías? El concepto de un régimen tributario promocional partía del reconocimiento de que las inversiones en el agro tienen un riesgo alto y demandan varios años de maduración. Un argumento que vale para los grandes y pequeños.
Negarse a hacerlo es no entender las relaciones entre economía, inversión privada y libertad.