La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcara y la exministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Revilla Vergara.
Soria Luján no contaba con trayectoria en la defensa jurídica del Estado, exigida por el Decreto Legislativo 1326.
A ambos se les imputan ser presuntos autores de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y nombramiento ilegal en agravio del Estado.
El supuesto hecho ilícito está vinculado a la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado, sin previo informe técnico o legal de asesoría jurídica del Minjusdh.
Asimismo, refiere que Soria Luján no contaba con trayectoria en la defensa jurídica del Estado, exigida por el Decreto Legislativo 1326.
En junio pasado la Segunda Sala Constitucional Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima había confirmado, en segunda instancia, la reposición de Daniel Soria como procurador general del Estado.
Soria fue removido del cargo de procurador poco después de haber denunciado al entonces presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación, tras conocerse las visitas de la empresaria Karelim López a Palacio de Gobierno y presuntos actos de corrupción en diversas entidades públicas.
El día de su destitución, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la contraloría adscrito al Ministerio de Justicia aseguró que Soria fue nombrado en el cargo pese a no cumplir con los requisitos establecidos.
El informe precisó que Soria Luján solo certificó experiencia como asesor en la Defensoría del Pueblo.“No se adecúa a una labor propia de la defensa jurídica del Estado”, agregó.
Viene al caso recordar que Daniel Soria fue designado en el cargo en febrero del 2020 por el entonces jefe del Estado, Martín Vizcarra, y la ministra de Justicia, Ana Revilla. Dos años después, el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, anunció la revisión del nombramiento del Procurador.
