DECRETO LEGISLATIVO 1607 PUEDE DISPARAR CONFLICTIVIDAD Y MINERÍA ILEGAL

El feroz ataque del crimen organizado a la Minera Poderosa –en Pataz, que dejó un saldo de siete trabajadores y dos mineros ilegales muertos y más de 23 heridos–, exige respuestas claras del Estado y la sociedad. No es posible que el crimen organizado desate semejante violencia en contra de una mina formal, que genera empleo y paga impuestos para todos los peruanos, y no se haga nada. Igualmente es incuestionable que lo sucedido en Pataz tiene que ver con la abdicación de sus funciones de instituciones tutelares del Estado, tales como la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público, Poder Judicial y los gobiernos subnacionales.

Reflexiones urgentes sobre el proceso de formalización minera en el país

 

En Pataz se instaló una zona liberada de la autoridad del Estado y la Constitución que posibilitó el avance del crimen organizado en contra de la minería formal y moderna. El Estado entonces debería desarrollar un plan piloto en la zona para restablecer el Estado de derecho, formalizar a la pequeña minería y erradicar el crimen organizado.

Sin embargo, el Ejecutivo acaba de publicar el Decreto Legislativo 1607 que establece que las personas naturales o jurídicas con reinscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) tienen 90 días para levantar la suspensión. Asimismo, se establece que las personas naturales o jurídicas inscritas en el REINFO que desarrollen actividades de exploración y explotación sobre concesiones mineras existentes tienen 90 días para acreditar ante el Ministerio de Energía (Minem) el contrato de cesión o explotación suscrito con el titular de la referida concesión.

Por otro lado, se faculta a la PNP a realizar actividades de interdicción contra la persona natural o jurídica que realice actividad minera con la inscripción suspendida en el REINFO, utilizando artefactos o materiales explosivos sin la autorización correspondiente.

A nuestro entender el resultado del mencionado DS será empujar a los cerca de 500,000 mineros artesanales del país al abismo de la minería ilegal. ¿Por qué? Es imposible que miles de mineros artesanales puedan cumplir las nuevas demandas ante el Reinfo. Luego de tres meses, la mayoría de mineros artesanales, hoy en informalidad, pasará a la condición de mineros ilegales.

¿Se soluciona el problema con estas medidas? De ninguna manera. Muy por el contrario, el Ejecutivo y el Estado de derecho parecen crear adrede un movimiento social que podría jaquear al Estado de derecho y la gobernabilidad. Y, por otro lado, el aumento de la minería ilegal –es decir, los sectores susceptibles de enfrentar interdicciones y persecuciones judiciales– reforzará la ofensiva del crimen organizado en contra de la minería moderna en el país. Se está creando absurdamente un polvorín social en el Perú.

La ofensiva criminal contra la minería moderna en Pataz no sucedió por la existencia de la minería artesanal e informal, sino porque las instituciones del Estado no asumieron sus responsabilidades constitucionales, ya sea por corrupción o por indolencia ante el problema.

Por otro lado, en el Perú no se avanza en la formalización porque a los mineros artesanales se les exige requisitos legales como si se tratara con medianas y pequeñas empresas mineras. Por ejemplo, al medio millón de mineros artesanales se les exige local, trabajadores formales, libros contables, sistemas de facturación y control de insumos químicos y explosivos. Para ilustrar la gravedad del problema basta recordar que desde el Ejecutivo se ha informado que solo tres mineros artesanales de Puno tienen permisos para usar explosivos. El problema, pues, es gigantesco y no se resolverá con el uso de la fuerza pública.

La estrategia del Estado debe pasar por buscar todos los mecanismos posibles para formalizar o reencauzar la actividad de la minería informal. Debe considerar a los mineros informales como eventuales aliados de la minería moderna y formal en vez de empujarlos a la ilegalidad. Vale recordar que Minera Poderosa, antes de la ofensiva del crimen organizado en Pataz, desarrollaba un modelo de relación entre la minería formal y la minería artesanal: había establecido 298 contratos con pequeños mineros que representaban cerca del 30% de la producción total de la minera. Un verdadero modelo para desarrollar.

TOMADO DE: EL MONTONERO