La normativa establece una serie de restricciones a los medios de comunicación, los que “están obligados a difundir mensajes dirigidos a promover el ejercicio democrático de la voluntad popular, la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco”.
“Cualquier acto de cobardía, al enfrentar al fascismo (oposición) lo que hace es fortalecerlo. Al fascismo le duele cuando le vemos los ojos y los señalamos. Tú, fascista de los apellidos, los pueblos te están derrotando…”
Diosdado Cabello,
En medio de los cuestionamientos por las denuncias de la oposición venezolana de un bloqueo de cara a las elecciones presidenciales de julio, el régimen de Nicolás Maduro respaldó la aprobación del proyecto de ley “contra el fascismo” impulsado por el Mandatario, el cual podría incluso proscribir a la oposición.
La “Ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares” fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional (AN), controlada por el oficialismo. La iniciativa consta de cuatro capítulos y 30 artículos y define al fascismo y neofascismo como “métodos de violencia de acción política”.
El presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamble Nacional, Diosdado Cabello (conocido como el “número dos” del chavismo) ya llamó a sus colegas a defender la iniciativa como corresponde.
“Cualquier acto de cobardía, al enfrentar al fascismo lo que hace es fortalecerlo. Al fascismo le duele cuando le vemos los ojos y los señalamos. Tú, fascista de los apellidos, los pueblos te están derrotando”,indicó.
La oposición y la comunidad internacional criticaron la normativa al considerar que la nueva normativa busca eliminar cualquier agrupación que se oponga al gobierno, así como también restringir la libertad de manifestación.
La “Ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares” fue propuesta el pasado 23 de marzo por el Presidente venezolano Nicolás Maduro. Según dijo, “tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública”, así como “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascistas, neofascistas o de similar naturaleza”,según el artículo 1 del texto.
En el artículo 2, la ley explica que tiene por finalidad “garantizar el derecho humano del pueblo a la paz, la convivencia y la tranquilidad pública”, así como también “asegurar que el ejercicio de los derechos políticos se desarrolle mediante medios democráticos, en consonancia con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Del mismo modo, el proyecto establece como finalidad “prevenir y erradicar toda forma de odio y discriminación basada en motivos raciales de origen étnico, social o nacional”.
La ley hace también una definición de los conceptos “fascismo”y “neofascismo” en su artículo 4. Sobre la primera acepción, indica que se trata de una “postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y/o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad, por motivos discriminatorios”.
Son rasgos comunes del fascismo, afirma la normativa, “el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad”.
Asimismo, define al “neofascismo y expresiones similares” como “toda postura ideológica o expresión, independientemente de su denominación, que reproduzca total o parcialmente los fundamentos, principios, propósitos, métodos y rasgos propios del fascismo”.
En esa línea, la ley promueve la creación de una “red internacional” contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares “con el objeto de sumar y articular esfuerzos e iniciativas en los ámbitos global, regional y subregional”.
La normativa también establece una serie de restricciones a los medios de comunicación, los que “están obligados a difundir mensajes dirigidos a promover el ejercicio democrático de la voluntad popular, la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco”.
