El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, amigo del Perú, es un político demócrata que enfrenta con valor a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Lopez Obrador, en cambio, es enemigo del Perú, que intervino grave y sistemáticamente en asuntos de competencia interna de nuestro país, negándose a trasladar la sede de la
Secretaría Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, presionando para que retorne al poder el golpista y corrupto Pedro Castillo.
Además, el mandatario mexicano es protector de las dictaduras de la región. Pero, por encima de los personajes, están principios que regulan la relación respetuosa y pacífica entre los gobiernos.
Así como México no debió otorgar asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Blas, condenado a 8 años de cárcel por corrupto, porque lo prohíbe expresamente el artículo III de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, aprobada el 28 de marzo de 1954; el gobierno del Ecuador no debió asaltar con policías la embajada mexicana en Quito, porque el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada el 18 de abril de 1961, precisa que “los locales de la misión son inviolables”.
“Los agentes del Estado receptor (Ecuador) no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”, agregando que “El Estado receptor tiene la misión especial de tomar las medidas mas adecuadas para proteger los locales de la misión contra la intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”.
Ante esta grave crisis entre las Repúblicas del Ecuador y México, que socava principios rectores del derecho internacional y afecta la estabilidad política del hemisferio, el Consejo Permanente de la OEA debe reunirse de emergencia para lograr un acuerdo bilateral que supere el impase diplomático.
No realizar esa reunión ahondará una crisis de proporciones y proyectará la ineficacia burocrática del mayor organismo del sistema interamericano.
