OPINIÓN/ Perú, un país fracturado: los caminos posibles hacia la convivencia

Escribe: Eco. José Soto Lazo

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Un compromiso mínimo entre distintos sectores —aceptar los resultados electorales, evitar el uso partidario de las instituciones del Estado— constituye un paso simbólico pero necesario.

Perú atraviesa uno de sus periodos de mayor polarización política en las últimas décadas. Meses de enfrentamiento entre distintos sectores han dejado una sociedad fracturada, con ciudadanos que ya no discuten ideas sino que se perciben mutuamente como enemigos. Superar esa fractura no depende de un solo gesto ni de una sola autoridad, sino de un conjunto de pasos que deben sostenerse en el tiempo.

El primer paso es reconocer que la pluralidad no es el problema. La democracia supone que existan visiones distintas sobre cómo gobernar un país. Lo que resulta destructivo es que esas diferencias se transformen en enemistad, en la idea de que quien piensa distinto representa una amenaza y no simplemente un adversario legítimo. Ese cambio de mirada, del rechazo del otro a su reconocimiento como interlocutor válido, es la base sobre la que puede construirse cualquier acuerdo posterior.

A partir de ahí resulta indispensable un diálogo con reglas claras. Las convocatorias genéricas a la unidad nacional suelen diluirse cuando no tienen una agenda concreta, plazos definidos y mecanismos de seguimiento. Para que cualquier acuerdo tenga legitimidad, además, debe incluir a actores de distintas regiones y sectores sociales, y no limitarse a las cúpulas partidarias o empresariales concentradas en Lima, que históricamente han decidido sin representar a buena parte del país.

Ese diálogo difícilmente prospera si las instituciones que deben sostenerlo siguen siendo débiles. Buena parte de la polarización peruana se ha alimentado de un sistema de partidos fragmentado, un Congreso con niveles de aprobación históricamente bajos y una desconfianza extendida hacia el sistema de justicia. Por eso, fortalecer reglas electorales estables y garantizar independencia judicial real resulta más determinante que depender de la buena voluntad de un líder específico, que cambia con cada proceso electoral.

Vinculado a esto está la percepción de justicia selectiva, uno de los combustibles más persistentes del conflicto político peruano. Distintos sectores sienten que las investigaciones judiciales se activan según el color político del involucrado. Revertir esa percepción exige que los procesos se comuniquen con criterios técnicos y no como instrumentos de revancha, junto con una independencia efectiva de la justicia frente a las presiones del poder de turno.

Los medios de comunicación y las redes sociales también cumplen un papel decisivo. Pueden amplificar el enfrentamiento simplificando la realidad en bandos irreconciliables, o pueden optar por explicar el porqué de las posiciones distintas, ayudando a la ciudadanía a comprender la complejidad sin caer en el maniqueísmo. Esa decisión editorial, repetida día a día, incide directamente en el clima de convivencia.

A mediano plazo, buena parte de la reconstrucción del tejido social ocurre fuera de la arena estrictamente política, en las aulas, los sindicatos, los gremios y las organizaciones vecinales, espacios donde personas con posiciones distintas coexisten por razones ajenas a la contienda electoral y aprenden a cooperar pese a sus diferencias. La educación cívica orientada al pensamiento crítico, más que a la memorización institucional, resulta clave para formar ciudadanos capaces de dialogar con quienes piensan distinto.

Finalmente, mucho depende de las decisiones de los propios liderazgos políticos. Un lenguaje que busca puentes, en lugar de profundizar trincheras, puede rendir menos beneficios electorales inmediatos, pero reduce el costo social de largo plazo. Un compromiso mínimo entre distintos sectores —aceptar los resultados electorales, evitar el uso partidario de las instituciones del Estado— constituye un paso simbólico pero necesario.

Ninguno de estos procesos ofrece resultados inmediatos. La experiencia comparada muestra que la reconciliación después de una polarización intensa suele tomar años, y exige que los distintos actores sostengan el esfuerzo incluso cuando no existan incentivos electorales inmediatos para hacerlo.