Cambiar la forma de cobrar no corrige un error; simplemente lo hace menos visible.
No deja de llamar la atención la rapidez con la que Lima Airport Partners (LAP) reaccionó apenas dos días después de que la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo (AETAI) solicitara al nuevo Gobierno la eliminación de la TUUA de transferencia internacional por el grave perjuicio que viene ocasionando a la conectividad del Perú.
Después de meses defendiendo la tarifa y sosteniendo que era necesaria, ahora LAP propone reducirla en más de un tercio e incorporarla al boleto aéreo. Si hoy es posible bajar el cobro de US$ 10.05 a US$ 6.40, surge una pregunta inevitable: ¿por qué no se hizo antes, cuando las aerolíneas advertían que esta tarifa estaba afectando la competitividad del Jorge Chávez como hub regional? Pero el verdadero debate nunca fue el monto.
El problema es que se creó una tarifa que obligó a miles de pasajeros internacionales en conexión a abandonar la zona estéril para realizar un pago presencial, introduciendo un proceso innecesario que ningún aeropuerto que aspire a ser un hub competitivo debería imponer. Ahora se pretende presentar como una gran solución el hecho de cobrar por lo mismo, aunque menos, mediante la incorporación de esa tarifa al precio del boleto.
Cambiar la forma de cobrar no corrige un error; simplemente lo hace menos visible.
La coincidencia política tampoco puede pasar inadvertida. El anuncio llega apenas instalado un nuevo Gobierno que tendrá la responsabilidad de revisar la gestión de la principal concesión aeroportuaria del país. Da la impresión de que LAP busca adelantarse al debate público ofreciendo una concesión parcial para evitar que se cuestione el problema de fondo: ¿era realmente legal, técnica y económicamente justificable crear esta TUUA de transferencia internacional?
Más aún cuando el propio concesionario reconoce que apenas el 7 % de los pasajeros realiza conexiones. Si el impacto económico para LAP es relativamente reducido, ¿por qué insistir durante tantos meses en una medida que ha deteriorado la competitividad del aeropuerto, generado reclamos de las aerolíneas y afectado la imagen del Perú como centro de conexiones?
No basta con recordar cuánto dinero ha entregado LAP al Estado o cuánto ha invertido desde el inicio de la concesión. Esas son obligaciones derivadas del propio contrato y no constituyen un argumento para impedir que las autoridades fiscalicen decisiones que pueden haber perjudicado el interés nacional.
El nuevo Gobierno no debería conformarse con negociar una rebaja. Lo que corresponde es revisar integralmente el contrato de concesión, la estructura tarifaria aprobada por OSITRAN y las decisiones que permitieron implementar una tarifa que nunca contribuyó a mejorar la eficiencia del aeropuerto.
Más aún, debería evaluarse la eliminación definitiva de la TUUA de transferencia, privilegiando un modelo aeroportuario que facilite las conexiones internacionales y consolide al Perú como el hub natural de Sudamérica. Porque el objetivo de un hub internacional no es recaudar más por cada pasajero en tránsito. Es atraer más pasajeros, más aerolíneas, más rutas y más inversión.
La pregunta que queda sobre la mesa es simple: ¿esta propuesta responde a una genuina preocupación por los pasajeros o busca desactivar una revisión que podría poner en evidencia decisiones que jamás debieron adoptarse? El país merece una respuesta. Y el nuevo Gobierno tiene la obligación de buscarla.
