Es lamentable la falta de voluntad política para dialogar y buscar coincidencias a fin de concertar soluciones; por lo que, ante la negativa presidencial de renuncia, la imposibilidad de la vacancia y del adelanto de elecciones, corresponde a los partidos, sobre todo a los tradicionales, preparase, con propuestas y cuadros de gobierno
El sábado 15, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, declaró clausurada la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 que, por los escándalos y despropósitos legislativos que generó, calza en la frase “legislatura de la vergüenza” y genera similar indignación a la de Pete Hamill, periodista neoyorquino con devoción por México, refiriéndose a un condenable episodio del Congreso de ese país. Con seguridad, millones de peruanos queremos o ya expresamos la frase, ante tanta desfachatez y dictadura de nuestro Congreso en el fenecido periodo que, por desgraciado contubernio entre los extremos y la corrupción, amenaza repetirse en lo sucesivo, hasta el 2026.
El calificativo no es exagerado, tampoco gratuito, los congresistas se han ganado a “pulso”, por ser beneficiarios y protagonistas en los blindajes a sus coleguitas como “los niños”, “los viajeros”, “los mocha sueldos” y, ser solidarios, en la recepción de bonos, incremento de sueldos y de presupuesto congresal; así como, en aprobación de iniciativas legislativas como la decapitación de la meritocracia en la educación, debilitamiento de la tipificación de organizaciones criminales, polémicas rebaja de impuestos, protección a la informalidad en transportes y actividades ilegales como en la minería y de exclusión de responsabilidades penales a los partidos políticos, entre otras con falta de criterio técnico-jurídico.
Hay un largo etc. de iniciativas polémicas, con nombre propio y con muestras de falta de ética pública que, los sectores afectados están desnudando y ojalá tomando nota con miras a la próximas elecciones ya que, a lo señalado, se adicionan actitudes dictatoriales como la de autodenominarse “primer poder del Estado” y utilizar la fuerza de los votos para hacer tabla rasa del equilibrio de poderes y de los pesos y contrapesos, necesarios en el funcionamiento democrático, mientras el gobierno guarda silencio, se somete, no se atreve a observar los despropósitos legislativos, ni reacciona ante el abuso de la insistencia que soslaya los mínimos debates que sustenten el levantamientos de observaciones.
La profundización del desmadre en la gobernabilidad e institucionalidad que estamos viviendo, es la factura que pagamos por la reelección inmediata. Lo advertimos en varios artículos. Si bien la reelección inmediata es necesaria para mejorar la calidad legislativa, no puede funcionar con la mediocridad ávida de continuar en los escaños. Era previsible que desatarían su angurria sin pudor alguno, como lo hicieron para quedarse hasta el 2026. En la obsesión de ser diputados o senadores, no desperdician oportunidad para hacerse notar a cualquier precio. Previendo, propusimos que la reelección funcione desde el 2031, más si su “semana de representación” pasó de turística a semana de proselitismo electorero.
Qué hacer, si la obsesión que los impulsa es irreflexiva. Aspirar a que entren en razón, es como pedir “peras al olmo”, aunque dicen que “Dios es peruano”, será difícil -ojalá no imposible- se produzca un milagro que se manifieste por encontrar una nueva Mesa Directiva decidida a ejecutar un plan de trabajo de recuperación de la dignidad congresal, que asuma con decoro y lealtad sus competencias, con una agenda que encarne los problemas de fondo de la ciudadanía y deje de lado las “leyes declarativas”, evite el transfuguismo (madre delos acomodos oportunistas) e introduzca austeridad en los gastos del presupuesto parlamentario, entre otras correcciones, ojalá, haya milagro.
En este contexto, es oportuno manifestar que, no podemos permitir que terroristas, violadores sexuales, corruptos, homicidas y secuestradores puedan postular a cargos públicos de representación política. Demandamos a la Comisión de Constitución elabore un dictamen que restituya la fórmula que “mocharon”, e trata de garantizar la idoneidad para la función pública, sobre todo de la más alta magistratura, no olvidemos que el presidente “personifica a la nación”; por tanto, es un tema de dignidad nacional. Estamos vigilantes, porque sin ese requisito, hablar de superar la crisis política que nos agobia, deviene en simple floro, sin eco en la acción.
Es lamentable la falta de voluntad política para dialogar y buscar coincidencias a fin de concertar soluciones; por lo que, ante la negativa presidencial de renuncia, la imposibilidad de la vacancia y del adelanto de elecciones, corresponde a los partidos, sobre todo a los tradicionales, preparase, con propuestas y cuadros de gobierno, siendo lo más importante entre sus responsabilidades, establecer filtros que impidan presentar a facinerosos como candidatos a representación política, esto, antes de alocarse con campañas millonarias. Ojalá el elector ejerza ciudadanía, obsequiándole al país unos momentos de su tiempo para informarse y reflexionar sobre la importancia y contundencia de des su voto para el cambio.