La Dra Jerí Román Ruffner, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, viene siendo víctima de una campaña mediática para que retroceda en sus arrestos de hacer cumplir la ley 30521, aprobada y promulgada para restablecer la autonomía universitaria. Desde que la Ley Universitaria 30220 creó a la SUNEDU, subordinada al Ejecutivo en especial al MINEDU, las universidades públicas y privadas pugnaron por el licenciamiento que debía consagrar sus condiciones para impartir educación de calidad. Con un directorio de confianza del MINEDU, sin concursos públicos para tan altos comisionados, las universidades licenciadas hicieron buena letra y pagaron el precio del silenciamiento y la ausencia de debate académico.
Con la ley 30521 se desató una guerra frontal de la SUNEDU contra las autoridades que defendían la norma. Pregonaron mediáticamente una contrarreforma inexistente cuando solo se trataba de enriquecer el directorio de la SUNEDU con gente que conoce el problema universitario. Con su guerra política y judicial lograron una sentencia de primera instancia que inaplica la ley a su destinataria principal. Esa sentencia ha sido apelada por el Congreso y no está firme, por tanto, la Ley 30521 es válida y debe cumplirse. La SUNEDU ha tratado de impedir las elecciones de representantes de las universidades, con amenazas de destitución del cargo, acciones penales y afectación al honor y a la buena reputación de quien dirige la universidad más antigua y prestigiada del país.
En las últimas horas las amenazas y el amedrentamiento, se extendieron a todos los rectores comprometidos con la defensa de la autonomía y lo hicieron con cartas notariales para evitar que cumplieran con una obligación legal en el plazo establecido, es decir antes de terminar este mes. Abuso de poder y violencia intolerante como ejemplos edificantes del estado de derecho.
