Arequipa no puede resignarse a vivir detrás de rejas. Porque una ciudad donde cada calle termina en un portón deja de ser una ciudad y empieza a parecer un conjunto de pequeños feudos levantados sobre el fracaso de la autoridad
Hay una práctica que se ha ido normalizando en Arequipa hasta convertirse en parte del paisaje urbano, aunque en realidad debería producirnos vergüenza: la proliferación de rejas que cierran calles, pasajes y urbanizaciones enteras, impidiendo el libre tránsito de los ciudadanos bajo el gastado pretexto de la seguridad.
Se ha instalado la idea de que cualquier grupo de vecinos puede apropiarse de un espacio público y convertirlo en un territorio privado. Lo que pertenece a todos termina secuestrado por unos cuantos, mientras las autoridades observan con una pasividad que raya en la complicidad. La ciudad blanca, que alguna vez destacó por la amplitud de sus calles y por una trama urbana abierta, hoy aparece fragmentada por barrotes, candados y portones que convierten el desplazamiento cotidiano en una carrera de obstáculos.
Lo más desagradable es que muchas de esas rejas ni siquiera están en zonas donde exista una amenaza objetiva de la delincuencia. Basta recorrer diversos barrios de Arequipa para encontrar calles cerradas en sectores donde la precariedad económica es evidente y donde difícilmente habría algo que pudiera convertirse en una gran tentación para un delincuente. En esos lugares, las rejas parecen cumplir otra función: la de fabricar una ilusión de exclusividad, de marcar una frontera simbólica, de aparentar un estatus que el poder económico no ha concedido. Es una forma bastante triste de distinguirse de los demás.
Las rejas no solo dividen físicamente la ciudad; también erosionan la convivencia. Transmiten el mensaje de que el vecino es una amenaza, de que el espacio público es un problema y de que la solución consiste en encerrarse. Una comunidad que vive detrás de barrotes deja de ser comunidad. El miedo, cuando se institucionaliza, termina destruyendo aquello que pretendía proteger.
Pero esta situación no habría alcanzado semejante dimensión sin la responsabilidad de las autoridades. Durante años han permitido que se coloquen rejas sin criterio, sin planificación y, en muchos casos, sin un sustento legal sólido. La permisividad municipal ha generado un precedente nefasto: cualquiera cierra una calle, instala un portón y restringe derechos fundamentales, mientras el Estado abdica de su obligación de garantizar el libre tránsito.
El resultado está a la vista. Arequipa se ha vuelto una ciudad cada vez más intransitable. A las rejas se suma un parque automotor sobredimensionado, consecuencia directa de un sistema de transporte público, deplorable, desordenado e ineficiente. Quien puede compra un vehículo porque el transporte colectivo ha dejado de ofrecer una alternativa digna. Así, las calles quedan atrapadas entre el caos vehicular y los cercos vecinales.
La ciudad blanca merece mucho más que esta caricatura de seguridad. Merece autoridades que recuperen el espacio público, que hagan cumplir la ley y que entiendan que una ciudad no puede organizarse a partir del encierro. La seguridad se construye con presencia del Estado, con una policía eficaz, con iluminación, con urbanismo inteligente y con ciudadanía, no con barrotes que privatizan lo que es de todos.
Arequipa no puede resignarse a vivir detrás de rejas. Porque una ciudad donde cada calle termina en un portón deja de ser una ciudad y empieza a parecer un conjunto de pequeños feudos levantados sobre el fracaso de la autoridad. Y ese, quizá, sea el cerco más infame de todos.
