La gran omisión técnica detrás del proyecto más cuestionado de la aviación peruana
El último informe de la Contraloría General de la República sobre el aeropuerto de Chinchero vuelve a confirmar lo que el país viene observando desde hace más de una década: retrasos, adendas, sobrecostos, ampliaciones de plazo, déficits presupuestales y una obra que parece avanzar atrapada en un círculo interminable de improvisación y modificaciones contractuales.
Ahora el contratista pretende extender la culminación del proyecto hasta el año 2028, acumulando más de 700 días de retraso respecto al cronograma original. Y, como ya se ha vuelto costumbre en el Perú, nuevamente el debate público se concentra en el cemento, los techos, el terminal, la torre de control, el cerco perimétrico y los millones adicionales que seguirá costando la obra.
Pero mientras el país discute edificios, casi nadie parece dispuesto a hablar de lo verdaderamente importante:
El Aeropuerto
Porque Chinchero no es un centro comercial ni un terminal terrestre. Es un aeropuerto de alta complejidad operacional ubicado a más de 3,700 metros de altitud, rodeado de geografía crítica y condicionado por limitaciones físicas y aeronáuticas extremadamente exigentes.
Y precisamente allí aparece la gran responsabilidad histórica y para muchos, el silencio cómplice del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil, ProInversión, la Contraloría General de la República y gran parte de los medios de comunicación nacionales: durante años han insistido en presentar Chinchero principalmente como una obra de infraestructura civil, evitando discutir públicamente las enormes interrogantes operacionales que siguen rodeando al proyecto.
La discusión nacional ha sido reducida deliberadamente a cronogramas, concreto, licitaciones y ejecución física, mientras el verdadero debate técnico aeronáutico nunca apareció en el espacio público.
¿Cuántas veces hemos visto reportajes o verdaderos cuestionamientos públicos acompañados de respuestas profesionales, técnicas y transparentes por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre temas esenciales como:
gradientes de ascenso con falla de motor (OEI),
diseño de procedimientos de salida y llegada,
penalización de performance por altitud,
restricciones de peso y carga,
limitaciones de operación en condiciones meteorológicas adversas,
capacidad real de operación de aeronaves comerciales,
impacto económico de las restricciones operacionales,
o viabilidad operacional de largo plazo.
NUNCA
Y esa omisión no es casual.
Porque discutir seriamente esos temas obligaría a responder preguntas extremadamente incómodas que la Dirección General de Aeronáutica Civil, como máxima autoridad aeronáutica del país, parece haber evitado enfrentar desde el inicio mismo del proyecto.
Y lo más preocupante es que esa actitud no ha sido aislada ni temporal, sino una constante que se ha mantenido a través de todos los funcionarios y directores que han asumido la conducción de la DGAC desde el inicio de Chinchero hasta la actualidad, evitando abrir un debate técnico, transparente y público sobre la verdadera viabilidad operacional del aeropuerto.
¿Podrá Chinchero operar con verdadera eficiencia comercial?
¿Qué restricciones operacionales tendrán las aerolíneas?
¿Qué penalizaciones económicas generará la altitud?
¿Qué ocurrirá con las operaciones en determinadas condiciones climáticas?
¿Qué márgenes reales de seguridad existirán bajo escenarios críticos?
¿Cuánto aumentarán los costos operativos y qué impacto tendrán esas limitaciones en las tarifas para los pasajeros y el transporte de carga?
¿Qué destinos y distancias reales podrán cubrir las aeronaves operando desde Chinchero considerando las limitaciones de performance, peso y alcance derivadas de la altitud?
Sin embargo, ninguna de esas preguntas aparece en el debate político ni mediático con la misma intensidad con la que se discuten el cerco perimétrico, la torre de control, el terminal de pasajeros o los retrasos de obra.
Un aspecto particularmente grave y poco discutido es que las dudas sobre la viabilidad técnica y operacional de Chinchero no son recientes. La propia Contraloría General de la República ya advertía desde el año 2017, mediante el Informe de Auditoría N.° 722-2017-CG/MPROY-AC, que los estudios utilizados para sustentar el proyecto presentaban serias insuficiencias técnicas y se basaban, en gran parte, en información antigua y desactualizada recopilada de estudios realizados décadas atrás.
Incluso, la Contraloría advirtió la necesidad de actualizar y validar información crítica vinculada a meteorología, orientación de pista y condiciones necesarias para garantizar la seguridad y continuidad operacional del aeropuerto. Es decir, el propio órgano de control ya alertaba hace años sobre aspectos directamente relacionados con la seguridad aeronáutica y la viabilidad operacional del proyecto, temas que hasta hoy siguen prácticamente ausentes del debate público nacional.
Más grave aún, dicho informe no solo identificó observaciones técnicas y administrativas, sino también responsabilidades funcionales vinculadas a omisiones, decisiones y falta de acciones adoptadas por distintas autoridades y funcionarios involucrados durante el desarrollo y aprobación del proyecto.
Sin embargo, pese a la magnitud de estas advertencias, el país continuó avanzando en la ejecución política y civil de Chinchero sin que la comunidad aeronáutica, los medios de comunicación o la opinión pública conocieran ni debatieran con transparencia las verdaderas implicancias operacionales que dichas observaciones podían representar para el futuro funcionamiento del aeropuerto.
El resultado es profundamente preocupante: el Perú parece avanzar hacia la construcción de una gigantesca infraestructura cuyo desempeño operacional definitivo continúa rodeado de incertidumbres técnicas que jamás fueron debatidas abierta y transparentemente con el país.
Y mientras tanto, muchos medios de comunicación continúan actuando más como amplificadores del discurso político de “avance de obra” que como verdaderos fiscalizadores técnicos capaces de cuestionar si el proyecto realmente podrá cumplir las condiciones operacionales y económicas que justificaron su construcción.
La narrativa oficial sigue concentrándose en porcentajes de avance, inauguraciones simbólicas y estructuras visibles. Pero en aviación, un aeropuerto no se mide por la belleza de su terminal ni por la cantidad de concreto ejecutado. Se mide por su capacidad de operar de manera segura, eficiente, sostenible y competitiva.
Ese es precisamente el debate que el país nunca quiso enfrentar.
Porque reconocer hoy las limitaciones operacionales reales de Chinchero implicaría admitir que durante años se impulsó políticamente un proyecto cuya discusión pública estuvo dominada por intereses políticos, discursos regionalistas y presión mediática, mientras las advertencias técnicas quedaban relegadas a un segundo plano.
Y quizás allí radique la mayor tragedia institucional de Chinchero: que el Perú termine inaugurando una gran obra civil antes de haber demostrado plenamente que será, en términos aeronáuticos, un aeropuerto realmente viable.
