El mercado deja de funcionar para la gente y empieza a funcionar únicamente para quienes saben aprovechar el silencio del poder
En una economía de mercado el Estado no fija precios, pero sí tiene la obligación de evitar abusos y proteger a la población cuando el mercado falla. Esa es precisamente la razón por la que existen organismos reguladores y, en el caso de los combustibles, incluso una empresa estatal.
Sin embargo, lo ocurrido recientemente con el precio de los combustibles en Perú revela una contradicción difícil de explicar: mientras el propio gobierno afirma públicamente que no existe escasez de combustibles, los precios en los grifos se incrementan sin control y, lo más grave, la empresa estatal termina siguiendo la misma lógica especulativa del mercado privado.
La pregunta es inevitable: ¿para qué existe entonces una empresa estatal de combustibles?
La función de una empresa pública como Petroperú no debería ser simplemente competir como un actor más dentro del mercado. Su razón de ser es actuar como factor estabilizador, especialmente en momentos de incertidumbre o distorsión de precios. Si no hay escasez y los costos de abastecimiento no han sufrido incrementos extraordinarios, el rol lógico de una empresa estatal sería mantener precios razonables y evitar que el mercado se dispare por especulación o concertación.
Pero ha ocurrido exactamente lo contrario. En lugar de utilizar su posición para moderar el mercado, Petroperú aumentó los precios, validando de hecho las alzas aplicadas por los grifos privados. Con ello, el Estado renunció a la única herramienta real que tenía para proteger a los consumidores.
Esto revela un problema más profundo: la ausencia efectiva de fiscalización del mercado de combustibles. Si realmente no hay escasez, ¿por qué los precios suben? ¿Dónde están los organismos encargados de investigar posibles prácticas abusivas o concertación de precios? Entidades como INDECOPI y OSINERGMIN existen precisamente para garantizar que la competencia sea real y que el consumidor no quede indefenso frente a distorsiones del mercado.
Pero lo más grave es que hoy ya existen herramientas tecnológicas que permiten detectar estas distorsiones casi en tiempo real, y aun así el Estado no las utiliza con la firmeza que la situación exige.
El sistema FACILITO, administrado por OSINERGMIN, registra diariamente los precios que reportan los grifos en todo el país. Millones de ciudadanos lo utilizan para comparar precios antes de abastecer sus vehículos. Sin embargo, su potencial es mucho mayor que el simple servicio informativo al consumidor.
La información que recopila Facilito, combinada con los registros de abastecimiento de combustibles desde las plantas mayoristas, terminales de distribución y proveedores, permite realizar una trazabilidad completa del combustible, desde el punto donde se compra hasta el precio final al consumidor.
EN OTRAS PALABRAS, LA TECNOLOGÍA ACTUAL PERMITE SABER CASI INMEDIATAMENTE QUIÉN COMPRÓ COMBUSTIBLE, A QUÉ PRECIO LO ADQUIRIÓ Y A QUÉ PRECIO LO ESTÁ VENDIENDO.
Con esa información, el Estado podría identificar en cuestión de horas qué estaciones de servicio están aplicando márgenes abusivos o especulativos, qué regiones presentan aumentos injustificados y quiénes son los principales responsables de distorsionar el mercado.
Sin embargo, en lugar de utilizar estas herramientas para actuar con rapidez, el país termina presenciando un espectáculo que se repite con demasiada frecuencia: los precios suben durante días o semanas mientras las autoridades guardan silencio, y recién después de que el daño económico ya se ha trasladado al transporte, a los alimentos y al costo de vida, aparece una declaración oficial.
Hoy, la presidenta del Consejo de Ministros de Perú afirmó públicamente que no existe escasez de combustibles en el país y que no hay razones objetivas que justifiquen los incrementos registrados en los precios.
Sin embargo, esta declaración llega cuando los precios ya se han mantenido elevados por más de una semana y el impacto económico ya fue trasladado al bolsillo de los ciudadanos, afectando el transporte, los alimentos y el costo de vida en general.
Si el gobierno sabía que no había escasez, la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿por qué no actuó antes?
El combustible no es un producto cualquiera. Su precio impacta directamente en el transporte, la producción, los alimentos y el costo de vida de millones de peruanos. Permitir incrementos injustificados equivale, en la práctica, a aplicar un impuesto informal a toda la economía.
Por eso el problema no es solo económico; es profundamente político. Un gobierno que afirma que no hay escasez, pero permite que los precios suban sin control e incluso que su propia empresa estatal participe en esas alzas, está enviando un mensaje preocupante:
El Estado no está actuando como regulador del mercado, sino como un actor más dentro de la cadena de especulación
Y lo más preocupante es que ni siquiera se trata de falta de información. Los datos existen, los sistemas de monitoreo existen y la tecnología para detectar abusos existe. Lo que parece faltar es voluntad política para actuar con rapidez y sancionar a quienes utilizan la incertidumbre para especular con un producto esencial para la economía del país.
En realidad, el Estado podría hacer algo mucho más simple y efectivo: publicar semanalmente el ranking nacional de los grifos que aplican los márgenes más altos del país, utilizando la información que ya registra el sistema Facilito. Con una simple publicación oficial, cualquier ciudadano podría saber qué estaciones de servicio están especulando con los precios y cuáles mantienen márgenes razonables.
Ese solo acto de transparencia permitiría que la población identifique claramente a los principales abusadores del mercado, generando presión pública y obligando a muchos operadores a corregir sus prácticas.
EN UN MERCADO DONDE LA INFORMACIÓN ES PODER, HACER VISIBLE QUIÉN ESPECULA Y QUIÉN NO SERÍA PROBABLEMENTE LA HERRAMIENTA MÁS EFICAZ DE REGULACIÓN INMEDIATA.
PORQUE CUANDO EL CONSUMIDOR SABE QUIÉN ABUSA, TAMBIÉN SABE A QUIÉN DEJAR DE COMPRARLE.
En un país donde el costo de vida golpea cada vez más fuerte a la población, permitir que el mercado de combustibles funcione sin vigilancia real no es solo una mala política económica. Es, sobre todo, una renuncia del Estado a ejercer su función básica de proteger a los ciudadanos frente a abusos del mercado.
Porque cuando el propio estado deja de actuar como regulador y termina comportándose COMO UN ACTOR MÁS DENTRO DE LA CADENA DE ESPECULACIÓN, el resultado es evidente:
EL MERCADO DEJA DE FUNCIONAR PARA LA GENTE Y EMPIEZA A FUNCIONAR ÚNICAMENTE PARA QUIENES SABEN APROVECHAR EL SILENCIO DEL PODER.
