La contradicción es evidente. Cuando se proclama respeto por la democracia, ese respeto debe existir tanto en la victoria como en la derrota.
La democracia tiene una regla elemental que distingue a las sociedades civilizadas de aquellas que viven permanentemente al borde del conflicto: las elecciones se ganan o se pierden, pero sus resultados se respetan. Cuando esa regla básica se rompe, cuando el voto popular deja de ser reconocido y se pretende reemplazar la voluntad ciudadana por la presión de las calles, lo que emerge no es una alternativa democrática, sino una peligrosa tentación autoritaria.
Eso es precisamente lo que viene ocurriendo con Roberto Sánchez, con sectores de Juntos por el Perú, con grupos vinculados al antaurismo y con dirigentes que recorren diversas regiones del país convocando movilizaciones y preparando una nueva denominada «Toma de Lima», no para defender un derecho vulnerado ni para denunciar un fraude inexistente, sino para desconocer un resultado electoral que no les favorece.
Lo más grave es que este comportamiento no surge de la sorpresa. Las encuestas, con sus inevitables márgenes de error, venían anticipando desde hace meses cuál sería la tendencia electoral. El país observó durante toda la campaña cómo se configuraba un escenario determinado. No hubo hechos extraordinarios ni acontecimientos inesperados que alteraran radicalmente el curso de los resultados. Sin embargo, quienes afirmaban que respetarían la decisión popular hoy parecen haber optado por el libreto del «si no gano, arrebato».
Resulta particularmente llamativo el caso de Roberto Sánchez. El mismo dirigente que públicamente se comprometió a respetar la voluntad ciudadana aparece ahora alentando discursos de confrontación, cuestionando la legitimidad de un proceso que hasta hace poco reconocía y promoviendo acciones que inevitablemente elevan la tensión política y social.
La contradicción es evidente. Cuando se proclama respeto por la democracia, ese respeto debe existir tanto en la victoria como en la derrota. La verdadera convicción democrática no se mide cuando las urnas favorecen nuestras aspiraciones, sino cuando los resultados nos son adversos.
Peor aún es observar cómo sectores radicalizados pretenden convertir la frustración electoral en combustible para la agitación permanente. Recorren provincias, organizan reuniones, convocan marchas y buscan crear un clima de confrontación nacional bajo la premisa de que la decisión de millones de peruanos puede ser corregida mediante medidas de fuerza.
Esa conducta representa una profunda falta de respeto hacia los ciudadanos. Significa asumir que el pueblo es sabio cuando vota por ellos, pero está equivocado cuando elige una opción distinta. Es una visión profundamente elitista y antidemocrática que termina negando aquello que dicen defender.
La historia peruana está llena de ejemplos donde la incapacidad de aceptar derrotas políticas terminó agravando las fracturas nacionales. Ningún país fortalece su democracia cuando grupos minoritarios pretenden imponer por presión callejera lo que no consiguieron mediante los votos.
Las protestas son legítimas dentro del marco constitucional. Lo que deja de ser legítimo es utilizarlas como instrumento para desconocer la soberanía popular. La movilización ciudadana es un derecho; la insurrección contra un resultado electoral válido es otra cosa muy distinta.
Por ello resulta preocupante que algunos dirigentes estén construyendo un discurso que parece orientado a preparar el terreno para una escalada de conflictividad. La democracia no puede funcionar bajo la amenaza permanente de que cada elección termine siendo sometida a una segunda vuelta en las calles.
El Perú necesita oposición, necesita crítica y necesita vigilancia ciudadana sobre quienes gobiernan. Lo que no necesita es una dirigencia incapaz de reconocer la derrota y dispuesta a incendiar el escenario político cuando los resultados no coinciden con sus expectativas.
Porque al final la pregunta es sencilla: si quienes hoy hablan de democracia no aceptan el veredicto de las urnas cuando les resulta desfavorable, ¿qué clase de democracia están realmente defendiendo?
Cuando la política abandona el camino de los votos para buscar refugio en la presión y la confrontación, deja de ser una herramienta de representación y se convierte en un factor de inestabilidad. Y eso, más temprano que tarde, termina pasando factura a todo el país.