Comienza ya el gobierno de Keiko Fujimori y la sensación previa es todavía de incertidumbre.
Aunque parezca obvio que la calidad del gabinete que se viene será infinitamente superior a la de los que lo precedieron en el último lustro, lo cierto es que asistimos a un cierto descenso de la excelencia de los primeros nombres que circularon originalmente.
Esto es particularmente visible en el nuevo equipo económico, que se presumía iba a dirigir Luis Carranza. Hoy sabemos que no será así y que probablemente el nuevo encargado sea Élmer Cuba quien, si bien es mejor que cualquier ministro de Economía de la era Castillo-Boluarte-Jerí-Balcázar, no alcanza el vuelo de Carranza (o de Miguel Castilla). ¿Qué pasó allí? Aunque no lo sabemos a ciencia cierta, la versión más consistente es que Carranza habría exigido el control de Transportes y Comunicaciones y Vivienda y Construcción.
Esto era muy razonable visto que aquellos sectores concentran la parte del león del presupuesto público. Todo indica que la presidente electa no aceptó esa condición. Es preocupante, pero atendible: la nueva presidente debe tener compromisos adquiridos de diversa índole. Esperemos que sean principalmente técnicos.
El país espera que se controle rápidamente la inseguridad ciudadana. Para ello se requiere también nombres confiables, que provoquen entusiasmo en la población, que conozcan el tema y que cuenten con una estrategia clara. Lo de Bukele es una referencia importante, sobre todo en materia penitenciaria y de manejo del control territorial. Pero el Perú no es El Salvador.
Nadie debería dudar de que nuestros servicios de inteligencia cuentan (o pueden contar pronto) con la información que permitirá derrotar a la criminalidad. Pero debe estar claro que la economía ilegal articula una estructura social e institucional de autoprotección, que incluye penetración de las organizaciones políticas, de las fuerzas del orden, del Sistema de Justicia y de poblaciones enteras que dependen de ella. Y es muy poderosa y diversificada. Y también el corazón de la inseguridad creciente en el país. Y allí también habita Sendero Luminoso. No entenderlo es ser cómplice.
Por otro lado, la aparente vulnerabilidad principal de la presidente electa, hoy, es el tema de derechos humanos y el de las absurdamente llamadas “leyes procrimen”. Bastará que se intensifique la investigación de todas las muertes producidas tras el golpe de Pedro Castillo -incluidas las de los civiles asesinados en los bloqueos, el policía incinerado en Juliaca y los soldados lapidados en el río Ilave- para que la sociedad se tranquilice.
Bastará también que se evalúe, una a una, cada ley, para que se hagan las correcciones necesarias. Pero ¿quién puede objetar, por ejemplo, que ocho meses es un plazo más que suficiente para que un colaborador eficaz corrobore sus dichos con evidencia material? Ambas cosas las puede invocar la presidente en su discurso inaugural y tanto el Ministerio Público como el Congreso deberán actuar en correspondencia. Es un tema de liderazgo. Punto aparte.
Ya parece imposible que exista el tiempo necesario para dar libertad a Castillo, vía gracia presidencial. Y no existe mayor presión social al respecto. Lo que haga Balcázar hasta el fin de su mandato al respecto lo puede llevar a prisión domiciliaria y a inhabilitación de por vida por razones cronológicas, cosa que no creo que esté en sus planes. Mientras tanto, Vladimir Cerrón acaba de obtener una sentencia favorable en el Tribunal Constitucional que anula la prisión preventiva que pesaba sobre él. Como cualquier sentencia es opinable pero tiene que cumplirse.
Por último, se viene El Niño y será una prueba de fuego más para Keiko. Como dice el siempre atinado Julio Villafuerte, no podemos cambiar la naturaleza pero sí podemos cambiar al Estado y su capacidad de prevención y respuesta. Es hora de demostrarlo.
¿Será capaz Keiko de hacer lo que espera la mitad del país o hará lo que espera la otra mitad? Cien días más y lo sabremos.
