más allá de los estropicios programáticos planteados, preocupa la validación de la violencia que destilan sus posturas políticas. La legitimación del Andahuaylazo, una asonada donde se asesinaron policías, al calificarlo como un acto político, es una afrenta directa al Estado de derecho
El experimento estatista que se asoma bajo las siglas de Juntos por el Perú y la candidatura del cuestionado Roberto Sánchez, no representa una propuesta de reforma ni de avance en materia social o democrática como se pretende vender, sino un certificado de defunción para la prosperidad y la libertad que el país ha defendido durante las últimas décadas.
Lo que se presenta bajo la retórica de la refundación del país es, en realidad, un reciclaje del colectivismo más recalcitrante, diseñado para desmantelar los cimientos institucionales del Perú a partir de los habituales desvaríos y delirios de la izquierda mendaz y homicida de siempre.
El eje de este asalto al orden constitucional es la convocatoria a una Asamblea Constituyente, propuesta explícitamente en su plan de gobierno como el vehículo para un nuevo pacto social. Sin embargo, lejos de buscar la justicia o el desarrollo social y económico del país, esta asamblea solo busca anular la Constitución de 1993, la cual ha servido como blindaje contra el populismo, garantía de la propiedad privada y desarrollo de la economía peruana.
Al pretender un poder “originario, plurinacional y popular”, JP busca otorgar un control absoluto a una casta burocrática, siguiendo el manual de las tiranías fallidas del socialismo del siglo XXI que han devastado la región. Es el mismo poder que ha destruido Cuba convirtiéndola en el burdel más grande del mundo luego de más de seis décadas de dictadura, el mismo poder que ha convertido al país más rico de la región que era Venezuela en un páramo de miseria y desarraigo llevando a su población a un éxodo por toda la región, el mismo poder que implantó el narcotraficante y pedófilo Evo Morales en Bolivia que los ha llevado a ser un país fallido que tomará muchos años en recomponerse de la situación de desventura a la que los ha llevado, es el mismo poder que han impuesto en Nicaragua, donde no existen derechos humanos ni libertad, Es el mismo poder que ha llevado al ebrio habitual, narcodependiente y asesino gobernante de Colombia a echar mano de los fondos de pensiones, es el poder que no podrán implantar en el Perú porque aún estamos a tiempo de impedirlo.
En el ámbito económico, el retroceso propuesto por Sánchez está sustentado en una peligrosa ignorancia de las leyes del mercado. Las declaraciones de Roberto Sánchez, principal referente de la organización, son reveladoras de este desprecio técnico al afirmar que “no queremos crecimiento económico sino desarrollo humano”, una falsa dicotomía que ignora que no existe bienestar social sin la generación previa de riqueza.
Al cuestionar abiertamente quién se beneficia de la estabilidad macroeconómica, Sánchez y su plan de gobierno atacan directamente la autonomía del Banco Central de Reserva y los pilares que nos salvaron de la hiperinflación. El plan de gobierno de JP propone un Estado emprendedor que intervenga en sectores estratégicos, lo que en la práctica significa el retorno a las empresas estatales ineficientes y al gasto fiscal irresponsable.
Su hostilidad hacia el sector extractivo, al que califican de “modelo primario exportador agotado”, no es más que un eufemismo para asfixiar la minería y la inversión privada, que representan el motor de empleo formal en el país, para reemplazarlas por un asistencialismo dependiente de impuestos confiscatorios a la clase media.
Pero más allá de los estropicios programáticos planteados, preocupa la validación de la violencia que destilan sus posturas políticas. La legitimación del Andahuaylazo, una asonada donde se asesinaron policías, al calificarlo como un acto político, es una afrenta directa al Estado de derecho y a la memoria de nuestras fuerzas del orden.
el proyecto de Juntos por el Perú es una receta para el caos institucional y la miseria económica
Esta visión, sumada a la histórica complacencia y apoyo explícito al régimen de Nicolás Maduro bajo la excusa de la autodeterminación de los pueblos, revelan que para JP y su candidato la democracia es solo un instrumento temporal para alcanzar el poder.
El plan de gobierno abunda en conceptos como “democracia comunitaria” y “control popular”, términos que en el lenguaje de la izquierda radical siempre han precedido a la supresión de las libertades individuales y al control de los medios de comunicación.
En definitiva, el proyecto de Juntos por el Perú es una receta para el caos institucional y la miseria económica. Al despreciar el crecimiento, validar la insurgencia armada como herramienta política y pretender refundar el país sobre las cenizas de nuestra estabilidad, proponen un camino que el Perú ya recorrió con resultados catastróficos.
Es un salto al vacío donde la soberanía nacional se entrega a agendas ideológicas transnacionales, hipotecando el futuro de los peruanos en el altar de una demagogia que solo sabe repartir pobreza.
Permitir que este manifiesto de demolición avance sería aceptar que el Perú abandone la ruta del éxito para abrazar voluntariamente el autoritarismo y el estancamiento.
