La libertad no consiste en obedecer la voluntad de otros hombres, sino en estar sujeto a leyes generales que protejan derechos preexistentes.
La defensa de la libertad en el siglo XXI nos sitúa ante una encrucijada que desafía los cimientos de la modernidad. El conflicto central radica en la tensión entre el poder político y la autonomía individual, así como en la organización de la vida económica. En la actualidad, nos enfrentamos a dos fenómenos preocupantes: la sacralización de la democracia como un fin absoluto y un intervencionismo estatal creciente que asfixia la creatividad personal a través de leyes positivas.
Históricamente, los filósofos entendieron que la libertad no implica un derecho ilimitado a hacer cualquier cosa, pues ello derivaría en la ley del más fuerte. Por el Por el contrario, establecieron que el Estado debe existir para proteger un espacio inviolable: la vida y la propiedad. Este límite es esencial para que el hombre pueda desarrollarse y subsistir. Sin embargo, el pensamiento contemporáneo parece haber olvidado este propósito original al abrazar el dogma de la infalibilidad de las mayorías.
El gran peligro de la democracia dogmática es que el individuo queda sacrificado en el altar de la opinión pública; o el supuesto; bienestar ;. Bajo este esquema, si la mayoría decide confiscar la propiedad legítima de una minoría bajo un argumento noble, la libertad desaparece. La libertad no consiste en obedecer la voluntad de otros hombres, sino en estar sujeto a leyes generales que protejan derechos preexistentes. Por tanto, es urgente proponer una democracia limitada, donde el poder de las mayorías se detenga ante el respeto absoluto a la vida y la propiedad privada, evitando que el ser humano sea un simple medio para los fines del Estado.
En el ámbito económico, la coexistencia pacífica depende de la cooperación y el intercambio libre. Los individuos descubren su productividad a través del ensayo y el error, un proceso que requiere una esfera mínima de acción no intervenida. El comercio no es una actividad entre naciones, sino entre personas motivadas por intereses legítimos que, al buscar su beneficio, terminan sirviendo a las necesidades de los demás. Esta dinámica fomenta la tolerancia y la paz, ya que en el mercado lo que importa es el valor del intercambio y no las diferencias ideológicas.
El intervencionismo estatal, mediante regulaciones ex-ante, anula esta creatividad y distorsiona el aprendizaje práctico de la sociedad. Cuando la ley dicta cómovdebemos usar nuestra propiedad para armonizarla con objetivos sociales abstractos, deja de ser una protección para convertirse en un obstáculo. Lo que necesitamos es una legislación que sea reflejo de la acción humana ex-post; es decir, normas generales y negativas que no nos digan qué hacer, sino que garanticen la seguridad de nuestros acuerdos y el respeto a la esfera personal.
En conclusión, la verdadera batalla intelectual de nuestro tiempo se libra en los campos de la política y la economía, pero su núcleo es moral: la defensa de la vida y la propiedad. Solo apostando por normas que respeten la responsabilidad individual y limiten el poder coactivo de las mayorías podremos asegurar un entorno de progreso, concordia y auténtica libertad.
