Pretender una minería más exigente mientras se generan mensajes ambiguos contra la inversión privada termina siendo una contradicción que afecta directamente la competitividad del país.
El discurso simplista y, por tanto, demagógico sobre la necesidad de impulsar una “nueva minería” no hace más que reducir un problema complejo a una solución fácil o idealizada, con el único propósito de halagar al público y ganar su apoyo emocional, en lugar de bosquejar los lineamientos para resolver el conflicto de manera efectiva.
Demandar una «nueva minería» con mayores estándares ambientales y sociales vuelve a poner sobre la mesa un debate que el Perú arrastra desde hace décadas: cómo lograr que la riqueza minera se traduzca verdaderamente en desarrollo para todos los ciudadanos. La intención puede sonar atractiva y políticamente rentable, pero el análisis debe hacerse con mayor profundidad y alejándose de consignas reduccionistas.
Sostener que todos los peruanos deben ser partícipes de los beneficios de la actividad minera no es una idea equivocada. En teoría, justamente ese es el objetivo del canon, las regalías y los distintos mecanismos de redistribución económica que genera la minería formal. El problema real no radica en la actividad extractiva en sí misma, sino en la incapacidad de muchas autoridades regionales y locales para administrar adecuadamente esos recursos y convertirlos en obras, infraestructura, salud, educación y oportunidades de crecimiento.
Existen ejemplos concretos que desmontan el argumento de que la minería necesariamente condena a las regiones al atraso. El caso de Arequipa demuestra que sí es posible desarrollar una relación eficiente entre inversión minera y progreso regional. Allí, los recursos provenientes de la minería han permitido dinamizar la economía, mejorar infraestructura y fortalecer distintos sectores productivos. En contraste, situaciones como las de Cajamarca no pueden atribuirse exclusivamente a la minería, sino principalmente a la ineptitud política y administrativa de gobernantes que no supieron convertir la riqueza económica en desarrollo sostenible.
También resulta necesario entender que la minería moderna no funciona sobre discursos ideológicos ni improvisaciones. La actividad minera actual exige tecnología de última generación, enormes inversiones privadas y estándares ambientales cada vez más rigurosos. Todo ello requiere capital, estabilidad jurídica, y condiciones que permitan a las empresas operar bajo reglas claras. Pretender una minería más exigente mientras se generan mensajes ambiguos contra la inversión privada termina siendo una contradicción que afecta directamente la competitividad del país.
Por supuesto, la minería tiene la obligación de contribuir al desarrollo de las comunidades donde opera, y en gran medida ya lo hace mediante impuestos, canon, inversión social y empleo formal. Sin embargo, y en paralelo, lo que no puede seguir ocurriendo es que, bajo el argumento del “beneficio colectivo”, se continúe ampliando mecanismos como el REINFO, que en la práctica han terminado favoreciendo y encubriendo a la minería ilegal. Esa minería informal no solo evade controles ambientales y tributarios, sino que además destruye ecosistemas, promueve economías criminales y genera violencia en distintas regiones del país.
El Perú necesita discutir una minería responsable y moderna, pero también necesita dejar de utilizar el tema minero como plataforma populista. El verdadero desafío no es destruir el modelo extractivo que sostiene buena parte de la economía nacional, sino garantizar que los recursos que este genera sean correctamente administrados y lleguen efectivamente a la población.
