no hay espacio para ambigüedades ni medias tintas. ¡Llegó la hora! Se necesita valor y decisión frente a la crisis. El deber con la patria así lo impone.
La realidad que vivimos hoy en el Perú es el preludio de un conflicto civil de proporciones insospechadas e inimaginables. Millones de peruanos enfrentan a diario el terror de la extorsión, el sicariato, el secuestro y la inseguridad rampante. Pequeños comerciantes, transportistas, emprendedores, profesionales, educadores y familias enteras viven bajo amenaza constante.
Bandas criminales, muchas de ellas con vínculos transnacionales, imponen “cupos”, envían amenazas con balas o ataúdes, incendian vehículos y asesinan a quienes se resisten. Este flagelo se ha expandido desde Lima hacia regiones y zonas rurales. Hoy es una epidemia mortal de alcance nacional, para la cual no existe vacuna ni tratamiento, pues el Estado y el Gobierno no cumplen con los tres mandatos básicos para los cuales fueron creados y consagrados en nuestra Constitución:
1- Garantizar la vida.
2.- Garantizar la propiedad personal y colectiva de la nación.
3.- Garantizar una justicia que resguarde nuestros derechos.
La extorsión ya no es un delito aislado: es un sistema de control territorial que genera miedo generalizado, paraliza la economía formal e informal y ha erosionado totalmente la confianza en las instituciones “garantes”: el Estado y el Gobierno.
A esto se suman homicidios vinculados a estas redes, desapariciones, trata de personas y, hoy en día, la certeza de que el Estado ha perdido el control en todos sus ámbitos, funciones y territorios. La ciudadanía vive aterrorizada, como se documenta diariamente en comisarías, fiscalías, medios de comunicación y redes digitales, mediante cientos de testimonios, mientras las entidades del Estado, el Congreso, la judicatura, la fiscalía y la clase política continúan enfrascados en disputas institucionales y permanecen en la inacción.
Esta crisis de inseguridad no surge de manera aislada, sino que es el resultado del deterioro de las instituciones. Cuando las entidades civiles son controladas, debilitadas o percibidas por la ciudadanía como aliadas de intereses ilícitos, el crimen organizado ocupa el espacio dejado por la autoridad.
El Perú actual enfrenta no solo una crisis política, judicial y electoral, sino también una grave amenaza a la seguridad nacional, que pone en riesgo no solo la vida diaria de la ciudadanía, sino también el futuro de la patria.
A lo escandaloso y putrefacto del supuesto fraude perpetrado por la ONPE y el JNE, se suma el envilecido, escabroso e indignante actuar de nuestro corrupto sistema judicial, el cual desconoce abiertamente la ley y las sentencias del Tribunal Constitucional, inaplicando repetidamente la Ley 32107 y prevaricando impunemente bajo el amparo inadmisible de la Junta Nacional de Justicia, que mantiene en funciones a jueces y fiscales que actúan ilegal y arbitrariamente, torciendo el fin supremo de sus funciones como ministros de fe, verdad y justicia.
Vivimos hoy una ausencia total de las tres garantías básicas que la Constitución otorga a los ciudadanos y que constituyen los fundamentos esenciales de todo Estado y de sus gobernantes. Hoy nada garantiza la vida, tampoco nuestros bienes ni nuestra seguridad, y existe entre los ciudadanos la certeza de que no hay justicia y, por lo tanto, tampoco existe el mínimo respeto por derecho alguno. La democracia se encuentra prácticamente desaparecida.
Hoy podemos afirmar que la razón, la verdad, la libertad y el bien no imperan en el Perú. Estamos sometidos a la ley de la selva y a instituciones del Estado copadas por intereses ideológicos, criminales y mafiosos, que obedecen a doctrinas sectarias plagadas de improvisación, corrupción y radicalismo, mientras bandas criminales extorsionan y asesinan con total impunidad.
Ante la ausencia del “Imperio de la Razón” para conducir al país hacia un futuro de prosperidad bajo las tres premisas constitucionales de garantías reales, solo quedaría acudir, como peruanos, al “Imperio de la Fuerza”, ya sea mediante un movimiento emancipador o un alzamiento popular, lo cual podría derivar inevitablemente en una terrible guerra civil; o mediante la acción decidida de la única institución garante constitucional de la soberanía nacional: Las Fuerzas Armadas del Perú.
A ellas les compete asumir la responsabilidad que la historia les ha asignado en tiempos de profunda crisis y sobre ellas recae la obligación de cumplir la función que el país demanda en situaciones límite y de caos. “Ojalá nuestras Fuerzas Armadas vuelvan a convertirse en ese último bastión de orden y principios que la patria demanda”, y que en ellas prevalezcan siempre el honor y el servicio al Perú. Así ocurrió en distintos momentos críticos de nuestra historia nacional.
Sin embargo, asumir ese papel histórico requiere determinación, valentía, firmeza y coherencia de quienes un día juraron defender y proteger nuestra bandera y nuestra Constitución.
“Ya no hay espacio para ambigüedades ni medias tintas. ¡Llegó la hora! Se necesita valor y decisión frente a la crisis. El deber con la patria así lo impone.”
¡FRAUDE, COMUNISMO Y TERRORISMO NUNCA MÁS EN EL PERÚ!
