No podemos callar, porque seríamos cómplices de actos ilícitos, así calificados en el derecho internacional, como aquellos que comete el Gobierno de Moscú al contratar mercenarios peruanos para utilizarlos en la guerra contra Ucrania.
Por ello, hizo bien nuestra Cancillería al convocar al embajador ruso en Lima para abordar este tema. Sin embargo, se requiere una actitud más firme, como publicar una nota de protesta y demandar el inmediato retorno de nuestros connacionales que luchan con las tropas de Putin.
Además, no es posible reconocer validez a los documentos que firmaron para servir en el Ejército de Rusia, porque contravienen nuestras leyes y la legislación internacional sobre la materia. Los informes no oficiales señalan que serían 255 compatriotas fichados por Moscú, de los cuales 15 habrían muerto. Recordemos que esa modalidad de empleo viola la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por una resolución de 1989, que entró en vigor el 20 de octubre de 2001 y que obliga a los Estados a prevenir y penalizar estas actividades.
Dicho instrumento legal también fue aprobado unánimemente por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República en su sesión del 10 de octubre de 2006.
Asimismo, un protocolo adicional de la Convención de Ginebra, en su artículo 47, establece que un mercenario no tiene derecho al estatus de combatiente ni de prisionero de guerra si es capturado. Existen otros antecedentes, como la Convención contra el Mercenarismo en África, del año 1977.
Se estima en 28 mil los asalariados por el Kremlin, de 170 países, entre estos Corea del Norte, Kenia, Nepal, Zambia, Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Togo, Botsuana y Mali, que han sufrido numerosas bajas, de las cuales 2300 corresponden a soldados norcoreanos, de un total de 18 mil efectivos desplegados en los campos de batalla.
Sin embargo, este tema, sensible por su gravedad, no ha motivado la intervención de la Asamblea ni del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tampoco la protesta de los gobiernos de la región ni de la ectoplasmática Organización de Estados Americanos (OEA). En este último caso, se trata de un silencio ominoso, debido a que la entidad hemisférica sabe que peruanos, colombianos y cubanos participan en el conflicto militar; o, mejor dicho, son usados como carne de cañón porque los colocan en la primera línea de combate.
Hemos visto en televisión a familias angustiadas solicitando al Gobierno interceder para el retorno de sus padres, esposos o hijos, solicitud que debe haber sido trasladada a la parte rusa, pero de la que no conocemos respuesta alguna a esa justa petición. Nos preguntamos: ¿el Kremlin goza de licencia para violar las leyes que rigen a la comunidad de naciones.
Pero la guerra continuará y seguirán muriendo o quedando heridos muchos involucrados en ese conflicto, todos personas pobres que aceptan ese trabajo por una paga promedio de tres mil dólares mensuales.
