Un voto puede durar apenas unos segundos. Pero sus consecuencias pueden marcar el futuro de generaciones enteras.
Hoy millones de peruanos no solamente sienten preocupación por el presente del país, sino también por el Perú que heredarán nuestros hijos y nuestros nietos en los próximos años.”
El Perú atraviesa probablemente una de las etapas más complejas, contradictorias y peligrosas de su historia republicana reciente. No solamente por la crisis política permanente o el deterioro de la seguridad ciudadana. Lo verdaderamente preocupante es la profunda descomposición institucional, moral y estratégica que el país viene arrastrando desde hace más de dos décadas.
Durante años se construyó un relato político y mediático que intentó convencer al país de que todos nuestros problemas comenzaron en los años noventa. Sin embargo, mientras gran parte del debate nacional permanecía atrapado en la confrontación ideológica y el antifujimorismo permanente, el Perú fue cayendo progresivamente en una estructura de corrupción, clientelismo político y captura institucional que terminó penetrando gran parte del aparato estatal.
Hoy resulta imposible ignorar que, durante más de veinte años, distintos grupos políticos, sectores ideológicos y redes enquistadas en el Estado fueron ocupando espacios estratégicos dentro del sistema judicial, la educación pública, organismos autónomos como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, gobiernos regionales, municipalidades y amplios sectores de la burocracia estatal.
Y mientras públicamente se hablaba de moralidad, democracia y derechos humanos, el país ingresaba lentamente en una etapa de estancamiento, deterioro institucional y degradación estructural, donde la corrupción terminó contaminando gran parte del aparato público.
Las consecuencias están a la vista: carreteras inconclusas, hospitales abandonados, puertos retrasados, aeropuertos paralizados, colegios deteriorados y proyectos destruidos por adendas, arbitrajes y sobrecostos. Todo ello acompañado de un aparato estatal cada vez más grande, más lento, menos eficiente y con una credibilidad cada vez más deteriorada ante la población.
El problema no es únicamente económico. También es moral e institucional.
Detrás de buena parte del colapso de infraestructura que hoy enfrenta el Perú existe una extensa red de corrupción enquistada durante años entre funcionarios públicos, operadores políticos y empresarios de distintos niveles que terminaron utilizando al Estado como un enorme mecanismo de reparto y saqueo.
Y quizás una de las mayores tragedias nacionales es que buena parte de esa corrupción se disfrazó durante años de “institucionalidad”, “gobernabilidad”, “consultorías”, “cooperación técnica” o “defensa democrática”.
Miles de millones de soles fueron consumidos por consultorías interminables, burocracia improductiva y estructuras estatales sobredimensionadas, mientras las verdaderas necesidades del país continuaban postergadas.
Los más de 250 mil millones de dólares que hoy requiere el Perú para cerrar brechas en salud, educación, infraestructura vial, puertos, aeropuertos, saneamiento, seguridad, conectividad y servicios básicos reflejan también el enorme costo acumulado de décadas de ineficiencia, corrupción y mala gestión pública.
Porque mientras el país continúa atrapado en enfrentamientos políticos e ideológicos, cada año miles de millones de soles se pierden producto de la incapacidad, la corrupción y la ineficiencia enquistadas en distintos niveles del Estado, en complicidad con redes políticas, burocráticas y empresariales que durante décadas han convertido los recursos públicos en un gigantesco mecanismo de repartija y sobrecostos.
Mientras el país discute ideologías, el dinero desaparece y el bienestar de la población nunca termina de llegar, porque gran parte de los recursos públicos termina perdiéndose entre corrupción, ineficiencia y malas autoridades.
Y gran parte de la clase política, empresarial y burocrática terminó convirtiendo al Estado en un negocio.
En medio de ese escenario, el gobierno de Alberto Fujimori continúa siendo uno de los periodos más polarizantes de la historia reciente del Perú.
Resulta evidente que existieron excesos, errores y decisiones cuestionables. Pero también resulta imposible negar que durante los años noventa el país logró recuperar estabilidad macroeconómica, derrotar al terrorismo y reconstruir parcialmente un Estado que se encontraba al borde del colapso económico, político y social.
Paradójicamente, mientras durante años se presentaba a los noventa como el origen de todos los males del país, millones de familias peruanas lograron salir de la pobreza, acceder a oportunidades laborales, emprender, estudiar o incorporarse a una economía más estable gracias al nuevo modelo económico impulsado desde la Constitución de 1993.
Una Constitución imperfecta, sin duda, pero que permitió que el Perú dejara de ser un país prácticamente inviable ante la comunidad internacional para convertirse en una economía relativamente estable, con reservas internacionales sólidas y capacidad de crecimiento sostenido durante varios años.
Sin embargo, en paralelo también se fue desarrollando un fenómeno extremadamente peligroso: el progresivo deterioro del pensamiento crítico de gran parte de la juventud peruana.
Durante años se desarrolló un trabajo político, ideológico y cultural orientado a moldear la narrativa histórica, educativa y mediática del país, construyendo visiones parciales o profundamente ideologizadas sobre la historia reciente del Perú.
Generaciones enteras crecieron escuchando únicamente una parte del relato nacional, mientras se dejaba en segundo plano un problema mucho más profundo y persistente: la corrupción estructural, la ineficiencia del Estado, el clientelismo político y el progresivo deterioro institucional que el Perú venía arrastrando durante las últimas dos décadas, atravesando distintos gobiernos, partidos e ideologías.
Y paralelamente, el sistema judicial fue convirtiéndose en otro de los grandes símbolos de la crisis nacional.
Porque lejos de consolidarse como un instrumento eficiente de justicia, en muchos casos terminó funcionando como una maquinaria lenta, burocrática e ineficiente que prolonga procesos durante años hasta convertirlos prácticamente en mecanismos de impunidad.
La judicialización permanente de la política, los interminables casos de corrupción sin sentencia definitiva y la percepción de selectividad en la aplicación de justicia terminararon deteriorando progresivamente la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
También existe otro tema del que el país habla poco: la progresiva desarticulación del sistema de seguridad nacional producto de décadas de persecución política, judicialización excesiva y debilitamiento institucional contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tras la derrota del terrorismo.
La avalancha de procesos judiciales, muchos de ellos interminables, terminó afectando carreras, destruyendo familias y sembrando dentro de las propias instituciones un profundo temor a actuar con la firmeza y autoridad que hoy exige el país frente al avance del crimen organizado.
Porque cuando un policía o un militar siente que cualquier decisión operativa puede terminar años después en procesos judiciales interminables, persecución mediática o abandono institucional, el sistema entero comienza a paralizarse.
Y precisamente esa pérdida progresiva del principio de autoridad es una de las razones que explican el crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el sicariato y las economías criminales que hoy desafían abiertamente al Estado.
El Perú pasó de derrotar al terrorismo con decisión política y capacidad operativa a convertirse en un país donde muchas autoridades parecen actuar bajo el miedo permanente a las consecuencias judiciales, mediáticas o políticas de ejercer autoridad.
Y mientras tanto, la delincuencia le perdió el respeto y el miedo al Estado.
La doble moral terminó convirtiéndose también en parte del problema nacional.
Una cultura donde muchos critican la corrupción mientras buscan beneficiarse de ella apenas tienen acceso a una cuota de poder.
Quizás allí radica una de las raíces más profundas de la crisis peruana.
Porque el deterioro moral no distingue ideologías, partidos ni clases sociales.
En ese contexto, millones de peruanos sienten hoy que el país necesita recuperar orden, autoridad, seguridad y capacidad real de ejecución frente al caos, la criminalidad y la parálisis institucional que amenazan con consumir al Estado.
Y quizás por eso, hoy que el país enfrenta nuevamente un escenario de enorme polarización política, resulta indispensable dejar atrás los odios, los fanatismos ideológicos y las divisiones que durante años han impedido construir una visión común de país.
Porque el Perú ya no puede darse el lujo de seguir votando únicamente por simpatías, resentimientos o discursos emocionales.
Hoy el país necesita reflexionar con serenidad sobre quiénes tienen realmente la capacidad de recuperar la seguridad, la estabilidad económica y la capacidad de ejecución que tanto costó construir y que hoy parecen haberse debilitado.
El verdadero desafío nacional no consiste solamente en ganar una elección.
Consiste en recuperar la capacidad del Estado para integrar al país mediante inversiones en saneamiento, salud, educación, infraestructura, seguridad y desarrollo en todos los rincones del Perú.
La experiencia de distintos países atrapados en modelos populistas, autoritarios o profundamente ideologizados debería servir también como advertencia sobre los riesgos de debilitar las instituciones, destruir la inversión privada y normalizar aún más la corrupción y el clientelismo estatal.
Y aunque a muchos les incomode admitirlo, quizás el momento actual exige menos orgullo ideológico y más responsabilidad histórica.
Porque al final, el futuro del Perú está por encima de cualquier partido, color político o interés personal.
También debería existir una reflexión seria para aquellos líderes y sectores políticos que, pensando ya en el 2031, aspiran a conducir el país en los próximos años.
La pregunta es simple, pero fundamental: ¿Qué país esperan encontrar entonces?
¿Un Perú con estabilidad económica, inversiones, crecimiento y capacidad para seguir desarrollando infraestructura, hospitales, carreteras, puertos, aeropuertos, saneamiento y conectividad?
¿O un país nuevamente atrapado en el enfrentamiento ideológico, el debilitamiento institucional, el estatismo improductivo, la destrucción de la inversión privada y la pérdida progresiva de estabilidad económica?
Porque ningún proyecto político serio podrá desarrollarse sobre un país quebrado, polarizado, aislado internacionalmente y consumido por la inseguridad, la corrupción y la parálisis económica.
Antes de pensar en la próxima elección, la clase política debería entender que primero hay que evitar que el Perú destruya aquello que todavía sostiene su estabilidad.
Porque si el país termina perdiendo nuevamente su economía, su institucionalidad y su confianza internacional, ya no habrá crecimiento que administrar, infraestructura que construir ni oportunidades que ofrecer a las futuras generaciones.
Y quizás allí nace una reflexión que hoy comparten silenciosamente millones de peruanos.
El Perú necesita recuperar serenidad, capacidad de diálogo, sentido de autoridad y visión de futuro. Necesita dejar atrás los odios políticos, la confrontación permanente y la lógica de destruir al adversario antes que construir un proyecto nacional.
Porque ningún país puede avanzar cuando vive atrapado entre el resentimiento, la polarización y la confrontación ideológica permanente.
Hoy más que nunca, el desafío no consiste únicamente en elegir a una candidata o un candidato.
Consiste en decidir qué tipo de país queremos preservar para las próximas generaciones.
Porque optar nuevamente por el populismo, el estatismo improductivo, la confrontación permanente entre peruanos y los discursos que alimentan el resentimiento podría terminar destruyendo los cimientos económicos que tanto esfuerzo le ha costado recuperar al Perú durante las últimas décadas.
Porque al final, por encima de cualquier partido, líder o ideología, el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y del Perú tiene que estar primero.
POR ESO, PAPÁ… QUE EL ODIO, EL RESENTIMIENTO Y LA CONFRONTACIÓN NO DECIDAN POR NOSOTROS.”
Excelente!!!!!!