ya no habrá discursos, ni excusas, ni responsables difusos. Solo quedará una verdad incómoda: que el país no se perdió solo; se dejó perder.
Para un Jurado Nacional de Elecciones que se refugia en el formalismo para evitar ejercer criterio, para una sociedad fracturada entre el odio, el resentimiento muchas veces legítimo y una indiferencia que termina siendo cómplice, y para una clase política que, pese a su pobre desempeño, insiste en aspirar a gobernar un país que no ha sabido construir, pero que pretende recibir en el 2031 en mejores condiciones.
En política, elegir no es solo optar por un candidato:
es definir el país que vamos a heredar.
América Latina ha dado suficientes lecciones como para ignorarlas. Cuando se imponen modelos estatistas extremos, con concentración de poder, controles discrecionales y discursos que enfrentan a la sociedad, el deterioro no tarda en aparecer: instituciones debilitadas, inversión paralizada, talento que migra y un tejido social cada vez más fragmentado.
No es teoría. Es historia reciente.
Y, sin embargo, el Perú parece dispuesto a caminar una vez más hacia el mismo abismo.
Pero esta reflexión no es solo para los votantes.
Es, en primer lugar, para el propio Jurado Nacional de Elecciones, que hoy enfrenta una responsabilidad que no admite evasivas. Cuando la legitimidad del proceso está en cuestión, actuar solo con formalismo y plazos no es suficiente.
Se requiere criterio, conciencia y sentido de país.
Porque cumplir el calendario sin garantizar confianza no construye democracia: la debilita.
También es una reflexión para ese sector de la sociedad atrapado en el odio, el resentimiento y la frustración. En algunos casos, con razones válidas.
Pero incluso cuando el origen del malestar es legítimo, convertir el voto en un instrumento de castigo colectivo no corrige el sistema: lo agrava.
Y, sobre todo, esta reflexión va dirigida a los actores políticos y a sus partidarios que no lograron una buena performance en esta elección, pero que ya proyectan su regreso al poder en el 2031.
Hoy tienen en sus manos algo más importante que una candidatura:
tienen capacidad de influencia.
Y esa influencia exige responsabilidad.
La tentación del “antivoto” del “todo vale con tal de que el otro no gane” puede parecer una jugada inteligente en el corto plazo. Pero en realidad es una apuesta irresponsable que abre la puerta a proyectos que no buscan gobernar: buscan dominar.
Elegir desde la frustración o el rechazo suele conducir a opciones que prometen soluciones simples a problemas complejos, pero que terminan destruyendo las bases que sostienen cualquier país viable: la institucionalidad, la inversión, la seguridad jurídica y la cohesión social.
Esta segunda vuelta no es una revancha.
Es una decisión estructural.
DEFINE EL TIPO DE PAÍS QUE RECIBIRÁN Y QUE PRETENDEN GOBERNAR EN EL 2031.
La pregunta no es quién genera más rechazo hoy.
La verdadera pregunta es:
¿Qué modelo permite que el país siga existiendo como un espacio de oportunidades mañana?
El Perú no puede darse el lujo de repetir errores que otros países ya han pagado caro. No puede seguir apostando por atajos que prometen justicia inmediata a costa de destruir la economía y la libertad, ni tolerar discursos que convierten la confrontación social en método de poder.
Pensar en el 2031 no es un ejercicio retórico.
Es una obligación política y moral.
Porque reconstruir un país toma décadas.
Pero destruirlo toma muy poco. Y eso ya lo vimos desde el primer día útil tras el 28 de julio de 2021.
Aquí no se está eligiendo entre simpatías o antipatías.
Se está decidiendo si el Perú será un país donde valga la pena quedarse
o uno del que habrá que escapar.
Porque el futuro no es una abstracción.
Tiene nombre. Tiene rostro.
Son nuestros hijos, nuestros nietos.
Y si hoy se elige mal por odio, por cálculo o por cobardía institucional no serán los políticos quienes paguen el precio.
Serán ellos.
Y entonces ya no habrá discursos, ni excusas, ni responsables difusos.
