POR PRESUNTA INCONDUCTA FUNCIONAL: Apartan del cargo a fiscal Elizabeth Peralta
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público notificó ayer, jueves, a la fiscal Elizabeth Peralta, involucrada en el caso del conductor de televisión Andrés Hurtado, sobre la resolución que resuelve su apartamiento preventivo del cargo.
Se le atribuyen “hechos de inconducta funcional públicamente conocidos en diversos medios de comunicación”.
La disposición fue emitida por su Dirección de Procedimiento Disciplinario, informó la ANC a través de su cuenta oficial de X.
Se señala que a la fiscal superior titular Elizabeth Peralta se le atribuyen “hechos de inconducta funcional públicamente conocidos en diversos medios de comunicación”.
“Hoy la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la ANCMP notificó la resolución que resuelve aplicar la medida de apartamiento preventivo a la Fiscal Elizabeth Peralta, por los hechos de inconducta funcional públicamente conocidos en diversos medios de comunicación. Igualmente, se informa, tal como indica la norma, a las instancias pertinentes para las acciones correspondientes.”, comunicó el Ministerio Público a través de sus redes sociales.
Además, el organismo de control funcional ha comunicado dicha disposición a las instancias pertinentes para las acciones correspondientes, como indica la norma.
Andrés Hurtado “Chibolín” habría sido el nexo entre Peralta y Javier Miu Lei, quien habría pagado un millón de dólares a la fiscal a cambio de la devolución de 100 kilos de oro que le habían sido confiscados, ello de acuerdo con el testimonio de la prima de Miu Lei, Ana Siucho.
Según la versión de Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, Andrés Hurtado, habría pedido un millón de dólares para gestionar con la fiscal Elizabeth Peralta la devolución de 100 kg. de oro incautado, que presuntamente tendría origen ilegal.
Cabe señalar también que la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos (2.° Despacho) inició diligencias preliminares contra Hurtado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.