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ABREN INVESTIGACIÓN FISCAL A CASTILLO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y PECULADO

Se complica la situación del mandatario. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dejó sin efecto la disposición emitida por su antecesora, Zoraida Ávalos, que suspendía hasta el 2026 la investigación preliminar contra Pedro Castillo Terrones por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado en calidad de autor, peculado y otros, vinculados al tema de los ascensos militares, el caso Puente Tarata III y la compra de biodiésel por parte de Petroperú,  entre otros hechos.

En consecuencia, Benavides dispuso el inicio de la referida investigación preliminar contra Castillo Terrones, quien ha sido citado para el 4 de agosto próximo, a fin que se presente a la fiscalía para prestar sus declaraciones frente a los presuntos cargos que se le imputan.

 

Mediante su cuenta oficial en Twitter, el Ministerio Público informó que también se dispuso citar a Karelim López para este 18 de julio, así como al empresario Zamir Villaverde quien deberá prestar sus declaraciones el próximo 19 de julio.

De igual manera, ha sido citado por el Ministerio Público el exsecretario de la presidencia, Bruno Pacheco quien debería presentarse ante la autoridad el próximo 3 de agosto. Asimismo se ha cursado la respectiva citación a 6 oficiales del Ejército del Perú.

ÁVALOS NO QUISO INVESTIGAR

En enero de este año, la entonces fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, emitió una resolución en la que expresaba su decisión de investigar a Castillo por presuntos actos de corrupción. Sin embargo, en la parte final de la misma dejaba en claro que todas las investigaciones se suspendían hasta el término del mandato del presidente. es decir, hasta el 2026.

La disposición fiscal originó todo un huracán de cuestionamientos en su contra, en la medida que  la Carta Magna vigente, no impide que el Jefe de Estado no sea investigado durante su mandato por hechos de corrupción. Además se estableció que con la decisión fiscal se corría el riesgo que a lo largo de los próximos 4 años se diluyan las pruebas que corroborarían los hechos que lo vincularían.

 

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