GRAVE VEJAMEN A LA POLICIA
Por Luis Gonzales Posada.
En marzo de 1804 el duque de Enghien, Luis Antonio de Borbón-Condé, fue secuestrado en Alemania, trasladado a una prisión en París y fusilado por conspirar contra Napoleón Bonaparte, sin existir prueba de su participación.
Fue una decisión torpe, arbitraria, tenebrosa, para amedrentar a las cortes europeas, que contribuyó al inicio de una larga guerra continental que culminó (parcialmente) en 1815 en la batalla de Waterloo.
Sobre ese episodio, José Fouché, célebre ministro de Policía de Francia, sostuvo: “Algo peor que un crimen, es un error”.
También podemos afirmar lo mismo sobre la deplorable e insana propuesta del Ejecutivo para instituir el 30 de agosto como “Día Nacional de las Personas Desaparecidas durante el periodo de Violencia (debería decir periodo de terrorismo) 1980-1990”; es decir, una conmemoración paralela a la Festividad religiosa de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú.
Las indignadas protestas no han venido sólo del maltratado cuerpo policial, sino de la Conferencia Episcopal, que sugiere cambiar la data al 28 del mismo mes, porque en esa fecha entregó su informe la Comisión de la Verdad, mientras otras personalidades proponen el 12 de septiembre, efemérides de la captura de Abimael Guzmán, responsable de cientos de asesinatos y desapariciones.
En ese contexto no pasó desapercibido que el presidente Castillo, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, no asista a ningún evento por el aniversario de la PNP, incluyendo al tradicional Té Deum en la Catedral de Lima, al igual que se ausentaron el premier y el ministro del Interior.
Un desaire que sucede en circunstancias que en poco más de un año el gobierno ha designado 5 comandantes generales y 7 ministros del Interior, política irresponsable que afecta la seguridad ciudadana en momentos que la delincuencia se ha expandido y que 90% de peruanos se sienten temerosos de salir a las calles.
Pero la Policía ha sufrido otros golpes demoledores. El más grave fue la afirmación del subcomandante general de la PNP, Javier Bueno, confirmada posteriormente por el ex secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, de que se vendieron ascensos de coronel al grado superior y los supuestos beneficiados continúan inamovibles en sus cargos con las estrellas relucientes en sus uniformes.
Volviendo a la torpe y humillante propuesta del Gobierno, que con seguridad será archivada por el Congreso, se omitió decir en la exposición de motivos que durante el periodo 80-90 perdieron la vida 2,590 efectivos militares y policiales y 1,432 resultaron discapacitados.
Sus familias, sin embargo, no han sido atendidas económicamente por el Estado, no cuentan con programas de prestaciones sociales ni clínicas para la rehabilitación de discapacitados o acceso preferente a puestos de trabajo en la administración pública, hoy sobrecargada de inútiles burócratas militantes del partido del lápiz o de la región Cajamarca.
Subsanar esas carencias debería haber sido prioridad del régimen, ahora que disponen de robustos ingresos fiscales. Una iniciativa legislativa bien podría ser una respuesta a estas clamorosas omisiones, comenzando con el otorgamiento de un bono excepcional anual para los hogares de militares y policías que murieron o quedaron discapacitados luchando contra la subversión.
No olvidemos, empero, que esta siniestra ofensiva anti policial comenzó con el mandatario interino, Francisco Sagasti quien, para afirmarse en el poder, pasó al retiro a 18 prestigiados generales, a quienes hizo responsables de la muerte de dos personas durante las violentas marchas de Lima.
No entiendo por qué hasta hoy Sagasti no ha sido denunciado penalmente por los afectados cuando sobran pruebas de su inconducta, mas aún ahora que el Congreso ha archivado las acusaciones contra el expresidente Merino, el premier Antero Flores Araoz y el exministro del interior, general Rodríguez.