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PJ: JUZGADO SE DECLARA INCOMPETENTE PARA VER ACCIÓN DE AMPARO DE CASTILLO

La intención de Pedro Castillo Terrones  para que se detenga inmediatamente el proceso constitucional iniciado en su contra al haber sido acusado de (presuntos) cargos de corrupción; se encontró ayer con un serio tropiezo luego que el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima se declarara incompetente para resolver el tema por razón de la función o grado.

la demanda del presidente es de competencia de la Sala Constitucional y no de este Juzgado Constitucional

En consecuencia, el referido tribunal dispuso que la demanda sea derivada a la Sala Constitucional que corresponda. “Primer Juzgado Constitucional declaró la incompetencia por razón de la función o grado para el conocimiento de la demanda de amparo presentada por Pedro Castillo Terrones y ordenó se derive el expediente a una Sala Constitucional”, informó el Poder Judicial mediante su cuenta oficial en Twitter.
La decisión judicial se fundamenta en las modificaciones a las competencias del Juez Especializado Constitucional establecidas mediante la Ley 31583, por las cuales el referido juzgado concluye “en que la demanda del presidente es de competencia de la Sala Constitucional y no de este Juzgado Constitucional”, ello en la medida que el amparo del mandatario va dirigido al Congreso de la República.
“Mediante el presente proceso de amparo el accionante está cuestionando decisiones de los Órganos del Congreso de la República que se encuentran sometidas a un procedimiento parlamentario”, indica la resolución judicial.
El amparo de Castillo tiene como objetivo  que se declare nula las medidas aplicadas por el Parlamento en su contra. Además, el mandatario solicita que el Poder Legislativo se abstenga de ejercer control político arbitrario.
Así el mandatario pide que se establezca la nulidad de la tercera moción de vacancia presidencial y que se declare nulo todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización del Parlamento.
Castillo pide también la nulidad de la acusación constitucional en su contra (que está en marcha) por el presunto delito de traición a la patria tras sus declaraciones a la cadena CNN en Español sobre su intención de convocar a una consulta popular para darle una salida al mar a Bolivia.

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