La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el pedido de facultades legislativas planteado desde el Poder Ejecutivo para emitir normas sobre diversos temas.
Grupo de Constitución introduce tema de la meritocracia en texto final aprobado
La instancia parlamentaria presidida por Martha Moyano se pronunció al respecto con 18 votos a favor y cuatro en contra.
A los temas planteados originalmente por el gobierno central, se añadió el de la meritocracia, incorporando aspectos referidos al ingreso al régimen del Servicio Civil.
En ese contexto, la Comisión de Constitución estableció que las facultades legislativas extendidas al Ejecutivo deberán centrase en temas de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres con énfasis en el fenómeno de El Niño global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos.
Establecidos esos parámetros, se indicó en el dictamen que el tema de la meritocracia se vincula a buscar “fortalecer la gestión pública para un mejor servicio”.
Esto se desarrollará vía modificaciones al marco normativo vigente al respecto, con el fin de garantizar el derecho de los servidores públicos a la igualdad remunerativa y social, a través del ingreso de estos al régimen del Servicio Civil.
Seguridad ciudadana
Por otro lado, se señala en el texto aprobado que el Ejecutivo legislará para modificar el Código Penal en temas de seguridad y tranquilidad pública, sin que ello implique afectar libertades como las de información, opinión y de pensamiento, así como el derecho a la reunión
En ese mismo ámbito, se modificará el nuevo Código Procesal Penal para optimizar el marco legal que regula la investigación de delitos y la intervención en esta de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
De igual modo, siempre en este mismo ámbito, se legislará para actualizar el marco normativo referido al crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, control de insumos para estupefacientes y delitos conexos. Se comprenderá también a delitos aduaneros, de pesca ilegal y contra los derechos intelectuales.
Se faculta también al Ejecutivo a modificar la ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica. En ese ámbito, se autorizará al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para que, de manera excepcional, a través de Foncodes lleve a cabo proyectos de inversión social en centros poblados rurales en situación de pobreza.
Asimismo, se autorizó al Ejecutivo a hacer modificaciones a la Ley Marco de Prestación de Servicios de Saneamiento.
Moyano precisó también que se retiró del dictamen el pedido de legislar para la creación de un marco jurídico para los aplicativos del servicio de taxi. Señaló que existe un procedimiento legislativo vigente en el Parlamento, con un dictamen ya elaborado.
De igual manera, no se ha considerado el pedido del Ejecutivo para legislar en la penalización de actividades vinculadas a la minería artesanal e informal, informó.
