¡QUÉ TAL RAZA! AMNISTÍA INTERNACIONAL CRITICA A PERÚ POR SITUACIÓN DE MIGRANTES VENEZOLANOS PERO NO DICE NADA DE MADURO
El informe de Amnistía Internacional cuestiona también a Colombia, Ecuador y Chile; pero no señala que el éxodo de 7,3 millones de ciudadanos, se debe al hambre, la falta de trabajo y la represión del régimen chavista. Según la organización, hay ausencia de un enfoque de género…
Colombia, Ecuador, Perú y Chile “incumplen sus obligaciones internacionales” para proteger a las personas que huyen de Venezuela, denunció Amnistía Internacional (AI) en su informe ‘Regularizar y Proteger’.
Según detalla el documento, estos cuatro países albergan a casi el 70% de los 7,3 millones de ciudadanos venezolanos que han huido “debido a la emergencia humanitaria compleja y las violaciones masivas de derechos humanos que se cometen en el país”.
Se trata de un éxodo de magnitud comparable a los registrados en la huida de la guerra de Siria o la migración en el Mediterráneo occidental, afectando a todos los países de la región latinoamericana y caribeña.
Adeline Neau, investigadora para las Américas de AI, dijo que estos países presentan “varios problemas comunes”, como limitaciones al acceso a servicios básicos y lentitud en la regularización de su situación migratoria, además de la falta de protección a quienes entran en la definición de refugiados según la Declaración de Cartagena de 1981.
“Es decir que los cuatro Estados que incorporan esta definición (refugiado sin reservas) deberían poder proteger a estas personas, y rara vez lo hacen. Las cifras de personas reconocidas como refugiadas son muy bajas”, subrayó Neau.
“No priorizan la figura de asilo…”
El informe de AI enfatiza que los países estudiados “no priorizan el uso de la figura del asilo”, dejando de lado la definición ampliada de la Declaración de Cartagena contenida en las legislaciones nacionales para dar protección a esta población, víctima de desplazamiento forzado.
Muchos de los programas de protección temporal destinados a inmigrantes venezolanos son poco accesibles, acusa el organismo, con “criterios imposibles de cumplir”, restricciones al estudio o al trabajo, a los sistemas sanitarios y con ausencia de un enfoque de género.
“Los Estados deben garantizar el derecho de solicitar asilo, reconociendo que las personas venezolanas pueden ser refugiadas. Eso requiere reforzar sus sistemas de asilo. Cualquier programa de protección temporal o medida de regularización debe cumplir un mínimo de garantías y garantizar el principio de no devolución”, afirmó Neau.
