NORMAS LEGALES DE SAGASTI Y CASTILLO DETIENEN INVERSIONES Y CRECIMIENTO
En el gobierno provisional de Francisco Sagasti y en el gobierno de Pedro Castillo se promulgaron las principales reformas laborales colectivistas de las últimas tres décadas, que cambiaron significativamente el modelo económico. El primero de ellos derogó la mejor ley económica de nuestra historia republicana, la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, que establecía regímenes tributario y laboral promocionales y que explica el milagro agroexportador del país: en dos décadas las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones
La legislación laboral que fomenta la guerra de clases y la colectivización
Durante el gobierno de Castillo se promulgaron los decretos laborales que prohíben la tercerización laboral, fomentan la sindicalización y negociación colectiva artificiales y liberalizan en extremo el derecho de huelga.
Las normas arriba mencionadas, sin lugar a dudas, parten del criterio marxista acerca de que la naturaleza del empresario es intrínsecamente “explotadora”, y que el trabajador es el explotado, crea la riqueza y se le expropia a través de la plusvalía. Por ejemplo, la Ley 31110 –que promulgó Sagasti en reemplazo de la Ley de Promoción Agraria– promueve la negociación por rama en las empresas agroexportadoras y la contratación preferencial de los trabajadores antiguos. Con estas medidas el régimen de flexibilidad laboral agrario, que posibilitaba contratar hasta 15,000 trabajadores por campaña, con todos los derechos sociales reconocidos, se relativiza seriamente.
Pero eso no es lo más grave. La Ley Agraria del gobierno de Sagasti crea el Bono Especial para el Trabajador Agrario (BETA) que establece una remuneración agraria sobre el 30% de la remuneración mínima vital nacional. Considerando que la planilla laboral representa el 60% de los costos de las agroexportadoras, ¿acaso no se ha producido una forma de colectivización en el sector agroexportador? ¿Por qué se castiga de esa manera a un sector que redujo la pobreza en todas las regiones agroexportadoras por debajo de la media nacional y que incrementó el empleo formal de 460,000 empleos, entre directos e indirectos en el 2004, a más de un millón en la actualidad?
Algo parecido sucede con los decretos laborales de Castillo. Se fomenta la sindicalización por fábrica, sector, grupo empresarial, promoviendo la idea de que la lucha de clases genera el bienestar de los trabajadores y no la inversión privada y la innovación empresarial. Se promueven estos conceptos a pesar de los fracasos de los ex países de la ex Unión Soviética y la tragedia económica de Venezuela, países que, en nombre de los trabajadores, desarrollaron las mayores expropiaciones de la historia moderna. El resultado: verdaderas fábricas de pobreza.
El gran problema de estas normas laborales del progresismo y del colectivismo es que no son derogadas por la clase política que detuvo la constituyente y el golpe fallido de Castillo. La legislación mencionada sigue vigente contra viento y marea. En este contexto, no existen nuevas inversiones y las empresas dejan de reinvertir, tal como ahora sucede en el sector agroexportador.
Como no existe posibilidad económica ni marco legal adecuado, las unidades más pequeñas de la agroexportación (más del 80% del total) cierran, quiebran y algunas se vuelven informales. En este escenario el radicalismo colectivista agita desinformando que se pretende eliminar los nuevos derechos, tales como la remuneración BETA, y se desata el conflicto social.
El resultado de la nueva legislación laboral colectivista es incuestionable: menos inversión, menos empleo, menos formalidad, más pobreza y más enfrentamiento social. El camino natural a la colectivización del sector privado.
Por todas estas consideraciones, es difícil entender por qué la mayoría del Congreso no se atreve a derogar todas estas normas que promueven la guerra de clases y la colectivización del sector privado.
TOMADO DE: El Montonero