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DESPIERTE PRESIDENTA BOLUARTE

Escribe: Luis Gonzales Posada 

la población tiene miedo en las calles, en sus domicilios, centros comerciales, oficinas, tiendas y restaurantes.

Un viejo refrán castellano dice que “Cuando las barbas de tu vecino veas arder, pon las tuyas a remojar”; es decir, debemos estar atentos de lo que sucede en nuestro entorno para adoptar medidas de prevención y que no nos ocurra lo mismo.
Recordamos la frase a propósito de los graves sucesos en Ecuador, nación con la que compartimos 1,524 kilómetros de frontera, porque estos episodios podrían replicarse en nuestro país si el Gobierno continúa en piloto automático, como una nave al garete, anunciando un ectoplasmático Plan Boluarte, sin adoptar medidas urgentes para combatir una delincuencia en expansión.
De acuerdo a Ipsos/Apoyo, 90 % de peruanos se siente inseguro, percepción que calza con las estadísticas de la PNP que registraron que el 2021 se produjeron 12,462 robos (138 diarios); al año siguiente, 20,030 (223 al día) y el 2023 fueron 26,652 (296 al día).
Peor aún, en 2023 las muertes por sicariato superaron las 500, en su mayoría cometidas por bandas extranjeras, como el Tren de Aragua.
En suma, la población tiene miedo en las calles, en sus domicilios, centros comerciales, oficinas, tiendas y restaurantes. Un temor transversal porque comprende la costa, sierra y selva, pobres, ricos y clases medias, mientras el gobierno se muestra débil e inoperante para arrostrar esta situación.

Algunas medidas de emergencia podrían ser:

1.- Construcción de centros penitenciarios, porque los actuales son depósitos humanos, sobrepoblados, insalubres, sin control, donde ingresan celulares libremente y desde ahí se coordinan asaltos, secuestros y asesinatos en el exterior.
2.- El penal del Callao, por ejemplo, tiene cupo para 580 personas, pero alberga a 3,450; la capacidad de Lurigancho es 3,204, pero viven 9,915; Castro Castro cuenta con 1,142 camas para 5, 262 internos y en otros presidios la sobrepoblación es hasta 700 %.

Algunas sugerencias:

1.- Edificar cárceles para 50 mil reclusos, con asesoría del ILANUD, organismo de Naciones Unidas especializado en prevención del delito y tratamiento del delincuente, y el apoyo de los Gobiernos de El Salvador, Noruega, Estados Unidos y Alemania, que cuentan con los mejores establecimientos.
2.- Promulgarse leyes especiales para proteger a policías que hieren o matan a malhechores en cumplimiento de su deber y para sancionar a jueces y fiscales –inclusive, considerándolos cómplices– cuando liberan delincuentes de alta peligrosidad o bandas criminales como hicieron con 30 detenidos en Pachacámac.
3.- Proveerse a la PNP de equipos de alta tecnología, videovigilancia y armas modernas.
4.- Recurrir al apoyo de las 1,219 empresas privadas de seguridad, que cuentan con 107 mil efectivos, 45, 817 armas y centenares de vehículos. Sus agentes protegen bancos, espectáculos públicos, fábricas, minas y comercios en todo el país. Para que el sistema funcione bastaría compatibilizar sus equipos de comunicaciones con los de la PNP. Una alerta temprana puede movilizar rápidamente a las fuerzas del orden para hacer frente a los delincuentes.
Recordemos que la Ley 28879, del 18 de agosto de 2006, señala en su artículo 38 que “el personal operativo que brinda servicios de seguridad privada tiene la OBLIGACIÓN de prestar apoyo, colaboración y auxilio a la Policía Nacional del Perú en el ejercicio de sus funciones”. Sin embargo, hasta hoy no ha sido utilizada.
5.- Movilizar a las Fuerzas Armadas en apoyo a la PNP
6.- Los delincuentes extranjeros deben cumplir sus condenas en sus países, de acuerdo a los convenios internacionales. El presidente del Ecuador ha anunciado que trasladará a su patria a delincuentes venezolanos, peruanos y colombianos y lo mismo hará el gobierno argentino de Milei.
7.- Promover una reunión especializada de la OEA para coordinar acciones conjuntas contra el crimen multinacional y solicitar fondos a los organismos multilaterales de crédito.
8.- Los cancilleres, ministros de Justicia y Defensa de Perú y Ecuador deben coordinar acciones, especialmente en inteligencia y control fronterizo.
En conclusión, hay mucho que hacer si no queremos que los criminales sigan avanzando hasta que estalle una crisis de enormes dimensiones, peor que en el Ecuador.

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